El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que las familias afectadas por los terremotos van a recibir una ayuda económica de hasta 6.000 euros para apoyarles con los gastos sobrevenidos tras esta eventualidad. La partida se destinará principalmente a los pagos adosados al alquiler de nuevos inmuebles y a los gastos derivados de la tramitación de tal arrendamiento, como pueden ser el coste de la fianza o de aquel destinado a las inmobiliarias.
Además, Ventura añadió que parte de este desembolso podrá ser destinado a compras relacionadas con el menaje del hogar y diversos enseres que puedan haber perdido por los terremotos estos núcleos familiares. Asimismo, los propietarios de viviendas afectadas por los temblores también podrán utilizar esta ayuda para, si así lo desean, acometer las obras de reparación de sus viviendas.
Aún así, esta cuantía es el tope máximo a percibir por los demandantes de auxilio, y variará según la renta básica familiar y el número de componentes de la misma.
Incentivo a propietarios
Con estas medidas, el consejero pretende aliviar las reticencias de los propietarios a alquilar sus inmuebles a personas con ciertas dificultades económicas. Como reconoció él mismo, el Gobierno será una especie de avalista de estas familias durante medio año. Pasado ese lapso de tiempo, se facilitarán a los dueños de la casas una serie de mecanismos de actuación para desahuciar a sus inquilinos rápidamente si no cumplen económicamente o con las formas de convivencia esperadas.
Pese a todo, el reglamento actual no recoge ayudas de alojamiento derivados de eventualidades catastróficas, por lo que se prevé un cambio normativo en el registro de servicios sociales que, según el consejero Ventura, tardará de un mes a mes y medio.
Hasta entonces, y según las palabras del consejero, “las familias habrán de ponerse las pilas a la hora de buscar casa”. Afirmó que Bienestar Social ya se ha puesto en contacto con inmobiliarias y propietarios, ofreciéndoles todo tipo de facilidades desde la Administración. La pelota, según Ventura, está en el tejado de los afectados en este momento, que “tienen que poner algo más de su parte”.
Tope de 300.000 euros
Según el responsable de Bienestar Social, en su consejería llevan gastados unos 50.000 euros en alojamientos alternativos para personas que se quedaron fuera de sus casas tras los terremotos. Esta medida de amparo para los vecinos afectados pretende racionalizar dicho gasto.
Hasta el momento, como comentó Ventura, han sido 51 las familias ayudadas desde su gabinete, de las que 23 aún se encuentran sin hogar donde hospedarse. Como explicó el consejero, el tope presupuestario para esta partida excepcional está fijado en los 300.000 euros que supondría conceder la ayuda íntegra a ese medio centenar de familias.
Esta migración presupuestaria estará recogida dentro de los 9,8 millones aportados por el Estado para paliar los efectos catastróficos adheridos al terremoto, como confirmó ayer Daniel Ventura.
