Este martes, tras conocer que las negociaciones con Carles Puigdemont en Bruselas habían llegado a buen puerto, ya se sabían los detalles del acuerdo PSOE-Junts para la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña.
De esta forma, la Generalitat gestionará la expulsión de migrantes, pero siempre que haya una prohibición de entrada. Concretamente, la Generalitat pasa a tener la "competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución)". ¿Qué quiere decir esto? en líneas generales, "instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente", es decir, las devoluciones, pero también tendrá la posibilidad de hacerlo con las que sí lo requieran.
En cambio, "las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña".
De la misma manera, también se encargará de la gestión de los permisos de residencia.
Preguntado acerca de esta polémica decisión del Gobierno central, el diputado Rafael Robles quiso dejar claro que estamos ante una delegación de competencias con lo cual “las competencias siguen siendo del Estado, pero en algunas cuestiones la ejecución la llevará a cabo la comunidad autónoma. Además, es una negociación y entendemos que es para un mejor funcionamiento del servicio y que, por supuesto, requiere la coordinación y colaboración, en este caso, de los Mossos d’Esquadra.
Robles aclaró, además, que aquellas competencias que asuman los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no dejarán de existir por parte del Gobierno central quien velará porque todo se realice de la forma legal. Por ejemplo, si se lleva a cabo un expediente de devolución, éste será gestionado por el Estado y es la comunidad autónoma la que ejecuta esa devolución”.
“Entonces en esta sintonía de colaboración entre Gobierno central y comunidad autónoma está este acuerdo que puede ser extensible al resto de comunidades autónomas si así lo piden”.
Robles justificó, además, que Cataluña tiene una presión migratoria muy particular, ya que “estamos hablando de que el 25 por ciento de los ciudadanos catalanes son de origen extranjero y, aproximadamente, el 17 por ciento compatibiliza, la nacionalidad española con la extranjera.
En este sentido, Rafael Robles quiso dejar muy claro que “la descentralización de competencias puede formar parte de un buen funcionamiento para el desarrollo de algunos servicios que no dejan de ser parte del Estado”.
El diputado socialista aprovechó estas declaraciones para subrayar que “a veces el PP pretende polemizar con estas cosas como si prácticamente Cataluña fuese un estado independiente y no es así. Es una comunidad autónoma que forma parte del territorio español y que se hará cargo de una delegación de competencias como se podía haber hecho cargo de otras cuestiones y es perfectamente constitucional”.
