El presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, responsabilizó ayer al Gobierno local del “bochornoso espectáculo” que supuso la entrada de la Guardia Civil en Palacio de la Asamblea en febrero, intervención enmarcada en la conocida como ‘Operación Ópera’. El máximo dirigente de PPL subrayó que el registro de las dependencias municipales ha tenido “consecuencias muy graves”, porque la administración local se encuentra “bajo sospecha de actuaciones fraudulentas con presuntos delitos de cohecho, fraude, malversación y blanqueo de capitales”.
Asimismo, Velázquez señaló que la Ciudad Autónoma está “paralizada” tras los registros, porque los funcionarios “están asustados ante las posibiles responsabilidades civiles y penales que puedan tener a la hora de firmar documentos”.
“Hay consejeros bajo sospecha que no pueden tomar decisiones políticas y administrativas con los expedientes que la Guardia Civil ha incautado. Es difícil gobernar si no sabes que te van a registrar mañana”, apuntilló Velázquez. Asimismo, aseguró que la ‘Operación Ópera’ está en tránsito y no en punto y final.
El presidente de PPL afirmó que el máximo dirigente del Gobierno autonómico, Juan José Imbroda, está “catatónico” ante esta situación, puesto que “no hace nada desde el punto de vista político”.
Difamación e insultos
“Los miembros del Gobierno se están dedicando a la difamación y el insulto hacia la oposición a través de las redes sociales. Es la Guardia Civil la que está cuestionando los procedimientos de la Ciudad Autónoma, no los partidos de la Asamblea”, censuró.
En la misma línea, denunció la “peligrosísima campaña” que se ha iniciado públicamente “para desprestigiar a la titular del Juzgado número 4”, que es el que instruye la ‘Operación Ópera’. “Se está poniendo en duda el secreto de sumario y la independencia de esta profesional”, afirmó. Velázquez aseguró que no es la jueza la que lleva la investigación sino la Unidad Central de Operaciones (UCO).
“No hay que poner a los pies de los caballos la independencia de la jueza, que es lo que está haciendo el Gobierno autonómico mediante la difamación y poniendo en duda la investigación”, concluyó el máximo dirigente de PPL.
