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Velar por el interés del menor

por Redacción El Faro
08/04/2018 07:55 CEST
Velar por el interés del menor

12 septiembre 2015. Melilla. Una familia siria entra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti) de Melilla. La ONG Save the Children exige al Gobierno espa–ol que tome un papel activo en la crisis de refugiados y facilite el acceso de estas familias a travŽs de la expedici—n de visados humanitarios en el consulado espa–ol de Nador. Save the Children ha comprobado adem‡s c—mo muchas de estas familias se han visto forzadas a separarse porque, en el momento del cierre de la frontera, unos miembros se han quedado en un lado o en el otro. Para poder cruzar el control, las mafias se aprovechan de la desesperaci—n de los sirios y les ofrecen pasaportes marroqu’es al precio de 1.000 euros. Diversas familias han explicado a Save the Children c—mo est‡n endeudadas y han tenido que elegir quiŽn pasa primero de sus miembros a Melilla, dejando a otros en Nador. © Save de Children Handout/PEDRO ARMESTRE - No ventas -No Archivos - Uso editorial solamente - Uso libre solamente para 14 d’as despuŽs de liberaci—n. Foto proporcionada por SAVE DE CHILDREN, uso solamente para ilustrar noticias o comentarios sobre los hechos o eventos representados en esta imagen. Save de Children Handout/ PEDRO ARMESTRE - No sales - No Archives - Editorial Use Only - Free use only for 14 days after release. Photo provided by SAVE DE CHILDREN, distributed handout photo to be used only to illustrate news reporting or commentary on the facts or events depicted in this image.


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  • ‘Voto por correo’

La polémica saltó hace un par de meses cuando la fiscal del caso ‘Voto por correo’ pidió que se retirara el DNI a dos mujeres amazigh por no saber hablar castellano. Una de ellas tenía 71 años mientras que la otra tenía 57. Los críticos a esta petición hacían hincapié en que Melilla es una ciudad especial debido a su situación fronteriza, entre dos lenguas.

Ahora es el Defensor del Pueblo el que se ha pronunciado sobre un caso también relativo al conocimiento de la lengua española. La institución ha publicado una recomendación sobre una queja que ha recibido del Registro Civil de la Ciudad a la hora de tramitar los expedientes de adquisición de la nacionalidad de menores o personas con capacidad modificada judicialmente y que son tutelados.

En este caso en concreto, el Registro Civil exige a los padres o tutores que aporten certificados de lengua española y de conocimientos culturales de nuestro país. Pero para la institución del Defensor del Pueblo, presidida en funciones por Francisco Fernández Marugán, no se debe solicitar esta documentación porque prima siempre el interés del menor o de la persona tutelada.

La institución recalca que la acreditación del conocimiento del castellano no es un requisito exigible a los representantes legales de los menores y considera que este criterio vulnera el principio de interés superior del menor, una premisa que parece que se olvida en demasiadas ocasiones. Los niños son niños por encima de todo.

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