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El contrato de arrendamiento era prorrogable hasta un total de ocho años y afecta a 40 familias
Un total de 40 familias que adquirieron una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de las denominadas ultrabaratas se podrían ver en la calle el próximo mes de noviembre si no consiguen una nueva prórroga del contrato de arrendamiento. Al menos 19 de estas 40 familias crearon la semana pasada la Plataforma de Afectados del Bloque VIII ‘Ultrabarata’, situado en la calle Diego de Olea, para negociar con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa).
Los servicios jurídicos que están atendiendo las demandas de los vecinos afectados informaron a El Faro de que tienen previsto un encuentro con Emvismesa la semana que viene para barajar las posibles soluciones o alternativas existentes. Entre estas opciones estaría la posibilidad de negociar una nueva prórroga, firmar un nuevo contrato o determinar las condiciones para acceder a la opción a compra; todas ellas orientadas a evitar el desalojo de las familias.
Complicaciones
Los vecinos que actualmente están en estas VPO no puede optar a otra vivienda de estas características, sino a una mejora de las mismas. Esto tampoco les sería de ayuda para solventar su situación actual, ya que la última prórroga de arrendamiento finalizará en noviembre.
Plataforma
De acuerdo al comunicado emitido por la Plataforma de Afectados Bloque VIII ‘Ultrabarata’, habrían decidido crear esta agrupación después de que varios vecinos que forman parte de ella se reunieran la semana pasada con el presidente de Emvismesa, Hassan Driss.
El objetivo de esta plataforma es generar un espacio de diálogo con la administración, pero también de presión para tratar de evitar el desahucio de las viviendas que han sido su hogar durante estos últimos ocho años.
Sin embargo, el presidente de Emvismesa niega rotundamente a este diario que existiera este encuentro con dichos vecinos y asegura que no tiene constancia de ninguna reivindicación ni ha recibido ningún escrito por parte de nadie. Por otro lado y sin dar más explicaciones, se remitió al BOME para solucionar cualquier duda relativa a las condiciones de los contratos de arrendamiento de estos domicilios.
BOME
Las condiciones de este documento establecen que las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler y que la adjudicación se formalizará en contrato administrativo de arrendamiento. Además, señala que los contratos serán renovables bienalmente (cada dos años), salvo para los mayores de 60 años, y como máximo se admitirán 3 renovaciones. Esto significaría que transcurridos ocho años deberán abandonar la residencia. No obstante, muchas familias no pueden permitirse una mudanza y tratan de evitar la aplicación de esta ultima cláusula.
Las familias, sin recursos para un nuevo domicilio
Muchas de las familias que recurrieron a estas VPO lo hicieron ante la falta de recursos para hacer frente al pago de un domicilio con otras características. Según los servicios jurídicos de la Plataforma de Afectados Bloque VIII ‘Ultrabaratas’, la cuota de arrendamiento de cada uno de los pisos que constituyen estas viviendas varía en función del nivel de la renta de los solicitantes. Ante la singularidad de cada una de las familias debido a sus circunstancias personales, no se pudo facilitar a El Faro una cuantía precisa que justificara la denominación de ‘Ultrabaratas’.
