En esta ocasión, la afectada es una joven de 20 años con “problemas de epilepsia”.
A la Consejería de Bienestar Social se le acumulan las críticas de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ya que ayer el líder del partido en Melilla, Emilio Guerra, desveló un nuevo caso de intento de desahucio en el albergue de San Vicente de Paul. En esta ocasión, la afectada es una joven de 20 años, Susana Alvarado, quien afirma que la Policía Local le ha dado un ultimátum para abandonar el inmueble.
Con el recuerdo todavía fresco de varias familias que se encuentran en la misma situación, Guerra se mostró muy crítico con la política de servicios sociales del Gobierno melillense, y destacó que los últimos casos son el resultado de la “nefasta gestión del área”.
Como no podía ser de otra manera, el upedista reiteró sus reproches a la consejera responsable de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, a la que acusó de no poner en práctica los recursos necesarios “para personas que realmente necesitan asistencia y atención”. Al hilo, recordó que en días pasados, coincidiendo con la firma de un convenio de colaboración con la ONG Cáritas, Garbín aseguró que por parte de su Consejería no se desatiende a nadie. “Por mucho que diga la consejera, aquí está la prueba de que miente y de que hay personas abandonadas por la Ciudad Autónoma”, manifestó el líder upedista.
No finalizaron en este punto las críticas a Bienestar Social, ya que también subrayó que la consejera garantizó en días pasado que existen ayudas de apoyo para que las personas más necesitadas puedan acceder a una vivienda en régimen de alquiler. “Este es uno de esos casos en lo que se debería aplicar medida”, abundó Guerra, “y sin embargo no se ha hecho nada al respecto”.
Sin sitio a donde ir
La propia afectada compareció en compañía de Guerra para exponer los pormenores de su caso. Así, la joven destacó que se encuentra “completamente desatendida por su familia” y que no tiene ningún lugar donde residir, ya que además se encuentra en situación de desempleo y le es imposible acceder a una vivienda. “He buscado trabajo sin encontrar nada”, agregó Alvarado, “me quedan dos meses del subsidio del paro y a partir de ahí ya no sé que hacer. También he intentado buscar un piso de alquiler, pero en todos me piden una nómina”.
Además, manifestó que desde la Consejería le ofrecen como “única” ayuda poder asistir al comedor de San Francisco de Asís, algo que tanto la afectada como UPyD consideran que es una medida que no tiene salida a largo plazo. Por si todos los elementos fueran pocos, la joven sostiene que tiene problemas de epilepsia.
“Es una situación lamentable”, agregó Guerra. “Le pido a la Ciudad Autónoma que tome cartas en el asunto, no por por responsabilidad política, sino por sensibilidad. Espero que Bienestar Social reflexione ante la situación. Hasta ese momento, seguiremos denunciando hechos como éste”, concluyó.
