Es el ‘concepto operativo de frontera’ que implanta el Ministerio de Interior en el protocolo elaborado y conocido ayer. Será de aplicación cuando entre en vigor la modificación de la Ley de Extranjería.
El Ministerio del Interior dio a conocer ayer su “protocolo de actuación integral” en las fronteras de Melilla y Ceuta en el que afirma que un inmigrante consuma su entrada en territorio nacional si logra rebasar “el sistema perimetral de seguridad”, aunque no aclara en qué consiste ésta. No especifica más que si el inmigrante resulta lesionado durante el salto, debe ser atendido por las autoridades sanitarias y entregado al Cuerpo Nacional de Policía para la aplicación de la Ley de Extranjería. Este nuevo protocolo se comenzará a aplicar, según explicó el Ministerio en nota de prensa, cuando entre en vigor la modificación de la Ley de Extranjería que se tramitó ayer en el Congreso de los Diputados y que la complementa.
Interior afirma que con este protocolo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “darán respuesta a la permanente presión migratoria y a los nuevos procedimientos que las organizaciones de tráfico de personas, que se sirven del drama de los inmigrantes, están utilizando para vulnerar estas dos fronteras terrestres”.
Frontera expuesta
El departamento ministerial de Jorge Fernández Díaz explica que las fronteras de Melilla y Ceuta además de delimitar el territorio nacional son la frontera sur de la Unión Europea, “la única ubicada en el continente africano”. “Al mismo tiempo, las circunstancias geopolíticas que concurren en esta zona, donde se constatan los mayores desequilibrios políticos, sociales y humanitarios, provocan que sea una de las fronteras más expuestas al tráfico ilícito de inmigrantes y drogas, así como al paso clandestino de terroristas”, añade.
Interior destaca que todas estas circunstancias inciden en unos asaltos a la valla más frecuentes, mejor organizados y coordinados y con una mayor “sofisticación” en los medios empleados para superar los obstáculos, en referencia a las ganzúas y zapatillas con clavos que utilizan los inmigrantes para escalar la valla y sortear la malla antitrepa.
“Frente a este fenómeno de presión migratoria irregular que se viene produciendo en las fronteras de ambos enclaves, España, en su doble condición de estado soberano y miembro de la UE situado en la frontera exterior del espacio Schengen, tiene la obligación de proteger, vigilar y salvaguardar sus fronteras, de impedir el cruce no autorizado de la misma, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente”, añade el comunicado.
El protocolo, punto a punto
El protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad pretende dotar de un régimen jurídico especial a Melilla y Ceuta con el fin de que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma violenta, flagrante o clandestina, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Además de establecer cuándo se consuma una entrada irregular en territorio español y las condiciones en las que se debe producir la aplicación de la Ley de Extranjería, con la entrega del inmigrante a la Policía Nacional, el Ministerio establece en el protocolo que los efectivos de la Guardia Civil deberán adoptar “mayores medidas de seguridad” para evitar que los inmigrantes que se quedan encaramados al vallado puedan lesionarse si se caen al vacío. Las mismas medidas de seguridad deben aplicarse los agentes para preservar posibles caídas, como las sucedidas el pasado 15 de octubre.
“En aquellos casos en que la actitud violenta de los inmigrantes obligase a los agentes a utilizar medios antidisturbios, su actuación se desarrollará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, procurando en todo momento minimizar sus consecuencias lesivas”, añade el protocolo de Interior.
Los tres primeros puntos del documento hacen referencia a las líneas de actuación generales de los agentes en frontera. “La actuación policial en la frontera terrestre de Melilla y Ceuta tendrá como misión principal la de impedir la entrada ilegal de personas por puntos no habilitados. Se mantendrá activado de forma permanente un sistema de observación y alerta sobre la zona marroquí y una comunicación fluida con las autoridades policiales alauitas, con la finalidad de detectar, con la mayor antelación posible, la progresión masiva de inmigrantes con intención de asaltar el sistema perimetral de seguridad fronterizo”. Por último, “detectado un posible intento de asalto, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad marroquíes, se procurará impedir la vulneración de los obstáculos establecidos en la zona fronteriza mediante una actuación policial presidida, en todo caso, por los principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/86”.
Devolución vs. Rechazos
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó ayer en el Congreso la enmienda que su grupo introdujo ayer en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar la Ley de Extranjería. Negó que este cambio vaya a amparar legalmente las ‘devoluciones en caliente’, pues éstas, afirmó, son “ilegales”. Por tanto, la enmienda lo que hace es encajar el concepto de “rechazo en frontera”. El ministro se esforzó ayer por diferenciar ambos términos en la Cámara Baja. La enmienda, por tanto, trata de “dar cobertura jurídica al ‘rechazo en frontera’ de los inmigrantes que intentan alcanzar territorio español, se quedan en el entrevallado y no consuman su entrada”.
El texto de la enmienda señala que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Melilla y Ceuta, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
La enmienda del PP pretende que se añada una disposición adicional décima a la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social y está justificada, según señaló el titular ministerial, en la necesidad de responder a la singularidad geográfica y fronteriza que concurre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Insistió en que desde 2005, el año de la denominada crisis de las vallas, la Guardia Civil aplica “un concepto operativo de rechazo en frontera y no de devolución en caliente, que es ilegal”.
Fernández Díaz destacó que el rechazo en frontera debe hacerse compatible con el principio humanitario y, en este sentido, aseguró que la Guardia Civil intenta siempre que los inmigrantes no sufran daño alguno. Por ello, dijo, los agentes esperan a que los inmigrantes bajen de la valla sin hacer uso de medios disuasorios como pelotas de goma para que no sufran lesiones.
