El Gobierno central asegura que las expulsiones de inmigrantes irregulares de Melilla “se ciñen a las previsiones de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero”, es decir, la de Extranjería. Así ha contestado el Gobierno central a una cuestión planteada el pasado 30 de mayo por Joan Baldoví, diputado del Grupo Mixto, en el Congreso. En la pregunta, el parlamentario se interesaba por las “expulsiones masivas de inmigrantes sin trámites administrativos por la Guardia Civil de Melilla”.
En su contestación, el Gobierno central no arroja demasiada luz. Reconoce que se han llevado a cabo expulsiones de inmigrantes y que éstas se han realizado de manera conforme a la Ley. Sin embargo, no aclara si se refiere a las devoluciones de subsaharianos a Marruecos o de éstos a sus países de origen. Sea como fuere, el Ejecutivo recuerda al diputado del Grupo Mixto que existe un acuerdo de readmisión con el país vecino para la devolución de inmigrantes de terceros países que han entrado ilegalmente en territorio español, el cual data de 1992.
Asimismo, defiende que la actuación en materia de control fronterizo y salvaguarda de las fronteras llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realiza de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Hay que recordar que la pregunta de Baldoví Roda hace referencia a que las expulsiones son llevadas a cabo por la Guardia Civil.
Asimismo, el Gobierno da respuesta a una pregunta planteada por la líder y diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, en el Congreso. La dirigente magenta inquirió sobre “la falta de formación y seguridad jurídica que poseen los agentes de la Benemérita en el desempeño de su función en Melilla”.
Respuesta a Rosa Díez
En su respuesta, el Gobierno apunta “que los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se adoptan, como no podía ser de otra manera, al ordenamiento jurídico vigente”. En la misma línea, apunta que los agentes llevan a cabo “las actuaciones necesarias” para proceder a la interceptación y expulsión de los inmigrantes que hayan franqueado fraudulentamente los puestos fronterizos “de las ciudades autónomas”, incluyendo también a Ceuta.
