En España, un 27% no recibe esta prestación aunque se les haya reconocido.
En Melilla y Ceuta, el porcentaje de personas a las que se les ha reconocido alguna ayuda por ser cuidador o dependiente y que actualmente recibe esta prestación social es del 92,35%, siendo sólo un 7,6% los que aún no han recibido la ayuda. Sin embargo, a nivel nacional esta cifra cambia. Tan sólo 72,95% de los beneficiarios están recibiendo la ayuda. Desde la Plataforma de la Defensa de la Ley de Dependencia se asegura que el número de españoles que aún no han percibido estas prestaciones, a pesar de tenerlas reconocidas, asciende a 300.000, es decir, un 27,05%.
En las dos ciudades autónomas sólo se ha reconocido la dependencia del 54,8% de los solicitantes de las ayudas que establece la Ley, es decir, de las 3.789 solicitudes que se han contabilizado hasta el pasado 1 de abril, sólo serán beneficiarios de estas ayudas 2.079 personas, según los datos ofrecidos ayer por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. No obstante, a nivel nacional la cifra es más alta, puesto que se reconoce la dependencia del 64,04% de los solicitantes.
De esta forma, se establece que tan sólo el 50,7% de las personas que han demandado el reconocimiento de alguna ayuda enmarcada en esta ley reciben este tipo de prestaciones en Melilla y Ceuta, mientras que a nivel nacional se estima en un 46,72%. Los melillenses y ceutíes que están cobrando esta aportación del Estado son un total de 1.920.
Los colectivos sociales que integran esta plataforma se reunieron ayer para acordar actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a “empeorar la gestión” y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones.
“Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre tendrán motivos para recortes", indicó el portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas, Jaime Esteban, quien considera que se debe plantear como “una inversión” que ha generado 165.000 nuevos empleos y que mantiene 248.000 empleos vinculados a la dependencia.
Además, las organizaciones consideran que afectará a la vida de las mujeres y al reconocimiento de su trabajo, puesto que son el 90% ciento de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia.
Discriminación territorial por la aplicación de la Ley
Las organizaciones que componen la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia consideran que la aplicación de la ley “ha sido un desastre en algunas comunidades", como por ejemplo, Canarias, Valencia, Baleares y Madrid. Esto se debe a que su inferior desarrollo ha provocado discriminación territorial.
Por ello, reclaman que se iguale el desarrollo de la ley al nivel de las comunidades autónomas que mejor estaban cumpliendo con los derechos de los dependientes, como son Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Además, no descartaron “salir a la calle” para mostrar su rechazo con respecto a las medidas que el PP está tomando en servicios sociales.
