Consideran que el tratado hispano-marroquí choca con la Ley de Extranjería l Apuntan que “no está clara” la creación de puntos para devolver al país vecino a inmigrantes que entren ilegalmente.
“Hay que ir con la Ley por delante” o “necesita una mayor definición” fueron algunas de la expresiones con las que los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reaccionaron ayer ante la intención de fijar puntos para devolver a los inmigrantes que accedan de manera ilegal a la ciudad autónoma.
Hay que recordar que el artículo 14 del tratado firmado por ambos países abre la puerta a que se establezcan puntos para devolver a Marruecos a aquellos inmigrantes que hayan entrada irregularmente a territorio nacional, tanto por vía marítima como saltando la valla. El comandante de la Guardia Civil Lobo Espinosa indicó el pasado jueves, tras reunirse con el delegado del Gobierno, que, en base a este acuerdo, los inmigrantes interceptados pueden ser devueltos a Marruecos si éste país así lo acepta, sin realizar ningún tipo de gestión administrativa
Para las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, los términos incluidos en el tratado hispano-marroquí de 1992, y que el país vecino ratificó definitivamente en octubre del pasado año, “no están nada claros” y pueden “chocar” con la Ley de Extranjería.
El asunto no ha convencido a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Melilla, desde donde subrayaron que, según lo establecido en la Ley de Extranjería, estas devoluciones no deben realizarse sin ciertas garantías, como poner a disposición del inmigrantes un interprete, un abogado y la apertura de un expediente de expulsión del país. “¿Cuántos traslados de inmigrantes se han llevado a cabo así en los últimos años?”, preguntaron desde la asociación del instituto armado.
Desde la AUGC subrayaron que la Benemérita “no es el brazo inquisidor de nadie” y que los agentes siempre deben actuar “con la Ley por delante”. En la misma línea, consideraron que España “se ha pillado los dedos hasta el hombro” con este tratado, ya que su puesta en práctica choca con lo que dicta la normativa de Extranjería.
En el caso de las entradas irregulares por vía marítima destacaron que sí hay posibilidades de que haya devoluciones sin previo trámite, ya que Melilla no tiene aguas jurisdiccionales propias, existiendo un vacío en cuanto a qué parte es de España y cuál de Marruecos. No obstante, aclararon que en casos como el que se produjo en marzo de este año, cuando se interceptó una patera a “unos cientos de metros” de la playa de La Hípica y fue posteriormente remolcada al país vecino, habría que estudiar detenidamente cómo actuar.
“Nosotros no podemos infringir la Ley. La de Extranjería indica que los inmigrantes deben ser llevados a la Jefatura de Policía para la apertura de un expediente de expulsión. De ponerse en práctica lo que dice el tratado, ¿qué hacemos con cuestiones como el derecho de asilo?”, añadieron desde la AUGC. “Si quieren introducir algún cambio en este área, que modifiquen la Ley”, recomendaron.
“Debe estar todo claro y especificado por escrito en la normativa vigente”, insistieron en referencia a las devoluciones a Marruecos. “Es comprensible que las quieran agilizar para paliar la inmigración irregular, pero todo tiene que hacerse de manera legal”, concluyeron.
El portavoz de los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil (CEP, SUP, UFP y AUGC), Enrique Travieso, señaló a este periódico que “no quieren polémicas” con este asunto y reclamaron a la Delegación del Gobierno que explique cómo actuar en caso de entrada irregular de inmigrantes. “Hay cuestiones que deben aclararse para que ningún funcionario actúe al margen de la Ley”, subrayó.
En este sentido, destacó que hay “todo un debate” sobre si es correcto obrar como marca el acuerdo entre España y Marruecos o según lo especificado en la Ley de Extranjería. “Es un auténtico galimatías y se debe poner orden en este asunto. Que indiquen qué hay que hacer en estos casos o que modifiquen la Ley de Extranjería. Hace falta una mayor claridad”, aseveró Travieso. “Nosotros somos conocedores del derecho, pero desde luego no somos profesionales en la materia. Que las autoridades competentes lo expliquen como es debido, porque pueden surgir dudas”, concluyó el portavoz de las formaciones sindicales.
