El eco que no están consiguiendo entre los partidos melillenses las denuncias y reivindicaciones del personal del Hospital Comarcal, sí se está logrando en el ámbito nacional. La asociación ‘El Defensor del Paciente’, tal cual publicamos en nuestra primera página y también en nuestra apertura de la sección de Local, ha remitido una carta a la ministra Pajín, solicitando que se preste a Melilla y Ceuta la misma atención sanitaria que se da en el resto de comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta que nuestras dos ciudades son las únicas, de todo el mapa territorial español, que no tienen transferidas las competencias de Sanidad, no es explicable que el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio que preside Pajín, y que gestiona la sanidad pública en Melilla y Ceuta, permanezca impávido ante una realidad marcada por una presión asistencial extrema y del todo inasumible en el área de Tocología de nuestro centro hospitalario.
Venimos desde la pasada semana haciéndonos eco de lo que ocurre, y salvo peticiones por este medio de pronunciamiento, que por ahora sólo han encontrado respuesta en el Partido Popular y Gobierno local, ningún otra formación política melillense se ha pronunciado en sentido alguno al respecto.
CpM sigue ‘ausente’, sin actividad tampoco en la página web a la que nos remitió para conocer su opinión en el caso de que realizaran, sobre algún tema que consideraran de interés, algún tipo de pronunciamiento.
El PSOE, por ahora, no sabe ni contesta. UPyD, tan activa en tantos frentes, sigue igualmente mutis por el foro, y el PPL de Velázquez prefiere continuar con la confrontación directa con el Gobierno Imbroda, con vistas a salvar sus naves, bastante maltrechas tras no lograr reventar la mayoría del Partido Popular en la Asamblea de Melilla.
¿Cómo es posible que un asunto que debería exigir de toda nuestra atención, que se corresponde con un asunto tan crucial como la Sanidad Pública, no concite el interés y atención de los partidos políticos de la oposición en Melilla?
En el caso del PSOE, es posible que se remitan a lo dicho por los directivos del Ingesa y el delegado del Gobierno sobre la misma cuestión. Al fin y al cabo, son cargos del mismo Partido Socialista. Aún así, podrían haberse pronunciado con voz propia aunque sólo fuera para negar la realidad denunciada, como hizo Claret y García Morillo, y censurar una falsa alarma social que, lejos de pretender alterar a la población melillense, lo que persigue, con el reflejo en este Diario de las referidas denuncias, es poner sobre el tapete lo que está ocurriendo y abrir el debate sobre la necesidad de ponerle solución.
Del PPL, que ayer dio una rueda de prensa, menos se explica su silencio e indiferencia. No vale decir que ninguno de los periodistas no preguntó por el asunto. Los partidos marcan su decálogo de prioridades siempre por iniciativa propia. En el caso de Velázquez, por su perfil de anestesista con plaza en el ‘Comarcal’, sería más previsible aún que el tema le afectara especialmente, puesto que afecta de lleno al ejercicio de la Medicina en Melilla y a sus compañeros, amén de a toda la población melillense.
Velázquez sin embargo prefirió adentrarse en las aguas procelosas de una reforma del Reglamento de la Asamblea que, por ahora, no ha hecho más que comenzar, para denunciar, entre otros muchos detalles, que se reduce a uno la designación de dos asesores para un grupo que sólo cuenta con dos diputados. En claro, que al PPL se le reducen los ingresos para mantener a alguno de sus diputados y personal del partido, lo que le lleva a una crítica incoherente con su discurso previo a las elecciones y sus proclamas en pro de la austeridad.
Como ya escribí, creo que los funcionarios de la Ciudad Autónoma que optan por la representación política en la Asamblea de Melilla y que logran un escaño, deberían verse beneficiados por la fórmula que prevé el Reglamento vigente, de compensarlos económicamente para no resultar discriminados en el ejercicio de su derecho fundamental a la participación política. Es el caso de Julio Liarte, como lo ha sido de otros a lo largo de la presente etapa democrática de Melilla, y debe corregirse. El Gobierno de Imbroda haría bien en atender la petición del diputado local por el PPL, porque es lógica y justa y no puede verse afectada por enfrentamientos y ánimos de revancha como los que han brotado especialmente tras esta última campaña electoral.
Lejos de esos rifirrafes y discursos graves y cargados de adjetivos lapidarios, al ciudadano lo que le importa sin embargo es que los servicios básicos y principales se reciban con la calidad mínima que nuestra población merece. Y esto, en cuestión sanitaria, no está pasando desde hace tiempo pero especialmente se anda agudizando en este verano. Por eso, molesta más que extraña, al menos en mi opinión, que una cuestión de tanto calado no forme parte del grueso de prioridades de nuestros partidos políticos, al margen del PP, que ha sido el único en tomar iniciativas y cartas en el asunto para intentar forzar algún tipo de solución.
