Bien por el diputado de Melilla. El señor Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha presentado una pregunta en el Congreso para saber si en los planes del Gobierno central, el de los indultos y la supuesta concordia, entra compensar a nuestra ciudad por los daños que puedan haber sufrido la Plaza de Toros y el Fuerte de Rostrogordo durante la pandemia del coronavirus.
Se trata de dos infraestructuras que en el último año se han destinado la una a acoger migrantes que no cabían en el CETI y el otro, a dar cobijo a menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma.
Para ser sinceros, tengo claro que a Sánchez le corresponde poner euro sobre euro para arreglar la Mezquita del Toreo, única de su tipo en el norte de África. En cambio, lo de Rostrogordo admito que se puede negociar porque las competencias de menores extranjeros son de la Ciudad. De hecho, los contratos para, por ejemplo, adjudicar la guardia y atención integral de la Purísima los saca a licitación el Gobierno local.
En fin, podemos debatirlo. Pero en ningún caso corresponde a la Ciudad Autónoma asumir gastos derivados de la asunción de competencias que no son nuestras y que tampoco debemos pagar con los fondos europeos. Éstos, en mi opinión, deberán destinarse por completo a la recuperación económica y no a rehabilitar infraestructuras que han sido utilizadas en situaciones de emergencias para sacar de un apuro al Gobierno central.
Ahora toca hacer cuentas y en ningún caso podemos pretender que Moncloa invite y nos toque a nosotros pagar la cuenta. Aquí el que invita paga. Esto es un tema que superamos cuando en este país se aprobó la Ley de Dependencia en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y se le endilgó a las comunidades un marrón que no les correspondía hasta que finalmente se decidió que había que compartir gastos.
Hay que reconocer que ha estado rápido el diputado Gutiérrez Díaz de Otazu a la hora reclamar el dinero de la rehabilitación de la Plaza de Toros. Lo ha hecho antes de que desde el tripartito salga Gloria Rojas a brindarse voluntaria a correr con los gastos de Madrid, de la misma manera que se mostró partidaria de utilizar 4 millones de euros del dinero de la Ciudad para construir el hospital modular.
Hablando de hospital modular, si en plena pandemia a la socialista le costó vendernos la moto, ahora a toro pasado, con el coronavirus a raya, le costará Dios y ayuda explicarnos por qué los melillenses tenemos que asumir competencias que son del Gobierno central. La Ciudad no tiene competencias sanitarias para lo bueno y para lo malo. A santo de qué vamos a pagar de nuestro bolsillo la factura que debe abonar el Ministerio de Sanidad. De eso, nada.
Vamos a ver con qué cuento se baja ahora para convencernos de que ese hospital por fascículos lo tenemos que pagar todos los melillenses. ¿Tiene estudios técnicos que lo recomiendan? Pues más le vale que tenga algún informe que justifique que el dinero destinado por el Estado a combatir los efectos adversos de la pandemia en nuestra ciudad se puede destinar a montar una extensión del Comarcal que una vez pasada la crisis sanitaria no necesitamos. Porque de lo contrario es obligación de la oposición exigir responsabilidades y llegar a los juzgados si hiciera falta.
Y que conste que soy enemiga de la judicialización de la política, pero en esta ciudad a veces no queda otra que empujar fuera de la carretera a quienes llegan a los cargos públicos atrincherados en las siglas de su partido y se les olvida que el interés común es y debe estar por encima de eso.
A estas alturas seguimos reclamando un parte oficial que nos diga a cuánto ascenderán los arreglos de la Plaza de Toros. Por experiencia sabemos que las instalaciones utilizadas provisionalmente durante la pandemia han sufrido daños considerables en todas partes. No es que aquí tenemos mala pata. Ha pasado en toda España.
No vamos a hacernos ilusiones. Podemos hacernos una idea más o menos clara de lo que puede haber pasado en el coso taurino, pero apelamos a la transparencia y pedimos al Gobierno local que informe sobre los daños sufridos en uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad.
Y en cuanto sepamos a cuánto asciende la cuenta, que Sabrina Moh llame a Madrid y exija que nos paguen la factura. Es así de simple. No hay vuelta de hoja. Le toca reclamar lo que pertenece a todos los melillenses. Nosotros hemos cedido las instalaciones, pero al Gobierno central le debe quedar claro que los desperfectos y daños corren por su cuenta y confiamos en que ese detallito haya incluido en el contrato de cesión temporal de las instalaciones. Porque si no, es que somos tontos.
Pues yo pienso que ni la ciudad ni el gobierno central tienen que pagar la factura sino el verdadero responsable que es Marruecos, y el cobro es fácil, de los 30 millones que le ha dado el lumbreras de Sánchez se le descuenta los gastos y destrozos ocasionados por su gente.