El Gobierno dio a las comunidades más de 140 millones para personas ya fallecidas.
La directora territorial del Imserso, Isabel Quesada, aseguró ayer que en Melilla no se ha recibido dinero por dependientes fallecidos. La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer, tras la primera reunión anual del Consejo Territorial de Asuntos Sociales, que las comunidades autónomas tendrán seis meses para actualizar sus bases de datos para que el Sistema de Dependencia sea más homogéneo y fiable. El anuncio se producía después de que un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Ley de Dependencia revelara que entre 2007 y 2011 las comunidades habían recibido hasta 140 millones de euros del Gobierno central para dependientes que ya habían fallecido. En concreto, se financiaron las ayudas de más de 29.000 dependientes que habían muerto aunque se desconoce si las familias llegaron a percibir esa prestación indebida.
Sin embargo, Quesada indicó que en la ciudad autónoma no se ha producido ningún caso de este tipo. La directora territorial apuntó que debido a las características de la ciudad, por su tamaño y su población, es difícil que no se sepa que estas personas han fallecido.
En relación con lo anterior, otro de los problemas en la gestión de las ayudas a la dependencia, que también se han dado en varias regiones, es que los solicitantes fallezcan antes de recibirlas, debido a la lentitud en la tramitación. En este punto, Quesada apuntó también que la tendencia en la ciudad autónoma es diferente. La responsable del Imserso en Melilla, indicó que aquí estas ayudas se tramitan de forma mucho más rápida que en otros puntos del país, por lo que es muy complicado que la persona que tiene que beneficiarse de ella muera antes de que se apruebe.
No obstante, aunque en Melilla no se haya producido ‘fraude’ a la hora de repartir las ayudas, la región también tendrá que adaptar sus bases de datos en los próximos meses.
Además, a partir de ahora habrá una legislación única, que unifique los criterios a la hora de dar estas ayudas tanto a dependientes, como a sus familiares. El objetivo de esta homogeneización es optimizar los recursos con los que se cuenta para este plan.
Los casos de ayudas económicas a personas fallecidas han sido mayoritarios en Andalucía, con más de 4.000 y en el País Vasco y Galicia, donde se produjeron más de 3.000. Al mismo tiempo, muchos otros esperaron a recibir ayudas que nunca llegaron.
