Apunta la posibilidad de la “inconstitucionalidad” de la nueva norma del Gobierno. El PSOE de Melilla también ofreció su opinión respecto a la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que definió como el “decretazo” y que en su opinión “abarata el despido de todos los trabajadores y reduce su protección”.
Para los socialistas, con esta medida se reduce “de forma generalizada los derechos de 9 millones de trabajadores que tienen contratos ordinarios y hace posible que cualquier despido sea objetivo y se pague una indemnización de 20 días por año trabajado”.
En su análisis de la reforma, asegura que incorpora un concepto de “alto riesgo; una fórmula por la que casi todos los trabajadores podrían ser despedidos por la vía objetiva, pese a que una empresa continúe teniendo beneficios”.
Además, indicaron que en la formación socialista existen dudas sobre la “legalidad y la posible inconstitucionalidad” de la nueva norma, que rebaja la indemnización por despido de 45 a 33 días para los contratos indefinidos.
Para los socialistas melillenses, la reforma “es muy negativa porque abarata el despido tanto para los contratos nuevos como para los anteriores, por lo que la indemnización de 33 días por año se antoja casi imposible”, y aseguran que “una reforma para despedir no es lo que necesita la economía”, acusando al Gobierno del PP de haber “puesto los medios para una mayor destrucción de empleo este año”.
“Lamentablemente el corazón de la reforma es muy negativo y no va a generar empleo sino que facilita el despido”, indicaron los socialistas, a la vez que criticaron que el Ejecutivo del PP no haya consultado esta reforma con los interlocutores sociales ni con los partidos políticos del Parlamento.
En términos similares se pronunció ayer el secretario federal de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, para quien esta reforma laboral es “un auténtico decretazo”.
Además, según comentó a El Faro, se trata de una reforma que “facilita el despido de los trabajadores y, en ningún caso, va a generar empleo”. El Gobierno de Rajoy “ha optado por estimular el despido en lugar de estimular la confianza y la contratación. Hay más de 9 millones de españoles con un contrato ordinario a los que acaban de reducir los derechos porque se ven afectados por esta medida”.
