Los melillenses nos despertabamos ayer con la noticia de una nueva avalancha de inmigrantes en la valla fronteriza. Esta vez fueron unos 300 subsaharianos los que intentaron entrar ilegalmente y unos 100 los que lo consiguieron. En la acción resultaron heridos seis guardias civiles. Al parecer, según la Delegación del Gobierno, sus lesiones no revisten importancia. Por parte de los inmigrantes, al menos uno de ellos sufrió heridas de gravedad al partirse una pierna durante el asalto.
La escena se repite una vez más y no hay ningún indicio de que ésta sea la última vez que vayamos a asistir a esta clase de sucesos. Siempre que ocurren, y ayer no fue la excepción, las miradas se dirigen hacia la Delegación del Gobierno buscando respuestas. Sin embargo, las soluciones no están en Melilla. El máximo representante del Gobierno central en nuestra ciudad, Abdelmalik El Barkani, no tiene en sus manos poner fin a estas entradas violentas de inmigrantes. El ‘sólo’ cuenta con la ley y los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional para hacer que ésta se respete una vez que los subsaharianos pisan territorio de Melilla. Tiene que preocuparse por que la legislación en materia de inmigración se respete a rajatabla. Debe velar por la integridad física de los agentes y por minimizar los riesgos durante el desempeño de sus funciones de control y vigilancia en la frontera. En esta línea, también es necesario dejar claro que no todos los inmigrantes que llegan de manera irregular a Melilla tienen garantizada su entrada directa al CETI. Algunos de ellos, cuando menos, deben pasar antes por dependencias judiciales para responder de sus agresiones a los guardias civiles o de sus amenazas contra los menores que llegan en su misma patera. Al mismo tiempo, el delegado debe garantizar que el resto de los inmigrantes reciben todas las atenciones previstas en el CETI. Para ello es necesario que ese centro no sobrepase y mucho menos doble el número máximo de residentes para el que fue planificado. En manos de la Delegación está agilizar la tramitación de los expedientes de expulsión de esos inmigrantes o de proceder a su traslado a centros de la península. No hay que olvidar el riesgo que supone acoger a 950 personas en unas instalaciones planificadas para sólo 480 residentes.
La Delegación del Gobierno tiene capacidad para gestionar el problema que supone la inmigración ilegal en nuestra ciudad y debe hacerlo. Pero no está en sus manos evitar nuevos asaltos a la valla. Esa partida se juega en otro tablero, en el de la Unión Europea, como dijo hace sólo un par de días el propio El Barkani. Pero Melilla está muy lejos de Bruselas y el ruido que hacen 300 inmigrantes asaltado la valla fronteriza no sobresalta a ninguno de nuestros eurodiputados.
