La aprobación ayer en el Senado de una proposición de ley para que las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta tengan las mismas prerrogativas que las 17 comunidades autónomas de nuestro país, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado que trata los asuntos relativos a nuestra pertenencia a la Unión Europea, es sobre todo un paso más hacia la normalización de Melilla en el mapa autonómico español actualmente vigente . Pero, además, tiene un valor político añadido nada desdeñable en estos tiempos en que Melilla sigue con su debate pendiente respecto del tratamiento específico que merece por parte de la misma UE, en atención a su lejanía y desventajas geográficas, y también respecto a su futuro económico en general.
Lo anterior, la aprobación ayer de la referida proposición de ley por iniciativa del grupo parlamentario del PP, con especial protagonismo de la senadora ceutí Luz Elena Sanín en lo relativo a su defensa en la Cámara Alta, no podemos desmarcarlo de otras iniciativas anteriores, en algunos casos adoptadas a instancias del Partido Popular y en otras del Partido Socialista.
En concreto, tendríamos que remontarnos a diciembre del pasado año, cuando en cumplimiento inicial de lo prometido por el ministro de Administraciones Territoriales, Manuel Chaves, durante su visita del verano del mismo año a Melilla, se creó en el seno de dicho Ministerio una ponencia de estudio sobre los asuntos comentados, es decir, nuestro futuro tratamiento por parte de la UE y nuestro futuro régimen económico y fiscal.
Posteriormente, en junio pasado, la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las cuestiones relacionadas con la UE (que cada vez son más y de más amplio espectro), decidió crear una ponencia, a petición del PP, con el fin de estudiar en el seno de la misma qué régimen merecemos en el contexto de la nueva y ampliada Europa, una vez que el llamado efecto estadístico nos convirtió en regiones que a partir de 2013 podríamos perder las ayudas europeas que desde hace más de veinte años han venido recibiendo Melilla y Ceuta.
Hace unos meses y de resultas de la adaptación de la ley reguladora de la misma Comisión Mixta al Tratado de Lisboa (como se sabe remedo de la frustrada Constitución Europea), se llevaron a cabo varias modificaciones, entre ellas la de octubre pasado, por la que se precisaba el procedimiento de intervención de las comunidades autónomas ante la misma Comisión Mixta, en defensa de sus tesis, reivindicaciones o intereses sobre asuntos de alcance comunitario que pudieran afectar especialmente a los distintos territorios autonómicos de nuestro país.
La proposición de ley defendida ayer por la senadora Sanín, no hace más que normalizar una situación en la que la letra legal no incluía la referencia expresa a las ciudades autónomas, lo que posiblemente hubiera dificultado la opción de actuar en pie de igualdad con el resto de los territorios autonómicos en las decisiones de origen europeo y especial incidencia en nuestra ciudad y Ceuta.
Lo anterior, como digo, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta el debate abierto respecto de nuestro interés por ser considerados territorios susceptibles de un trato más justo y específico por parte de la UE, dados los muchos parámetros que nos sitúan en condiciones de franca desventaja para nuestro desarrollo y convergencia con el resto de los territorios europeos, empezando por el resto de nuestro propio país.
Un paso por tanto decisivo este último, que sin embargo exige como los anteriores de una acción más intensa e insistente para concluir en algún sentido. Téngase en cuenta que la ponencia sobre Melilla y Ceuta en el seno de la aludida Comisión Mixta, se aprobó en junio, se constituyó en septiembre pasado, pero sin embargo no se conoce ningún avance ni nueva reunión por parte de la misma.
Como tampoco se conoce qué ha pasado con esa otra comisión mixta, entre la Administración central y las autonómicas de Ceuta y Melilla, creada por el Ministerio de Administraciones Territoriales, con fines idénticos y, por tanto, igualmente encaminados a abordar nuestro mejor status en el seno de la Unión Europea.
No olvidemos, a este respecto, que a pesar del politiqueo continuo que a nivel doméstico no baja del duro enfrentamiento entre populares y socialistas, en realidad existe un consenso que coincide en la conformidad de declararnos territorios merecedores de un tratamiento singular y coherente con nuestra situación de ciudades fronterizas, con problemas de alta densidad demográfica, falta de espacio para desarrollar tejido industrial y altos índices de paro y fracaso escolar. En suma, como dicen los socialitas, “regiones con desventajas geográficas, que no pueden ser consideradas como regiones ultraperiféricas por la UE pero sí como ciudades fronterizas alejadas".
