Existe un acuerdo del año 2002 que así lo permite, según una respuesta del Ejecutivo a Amaiur.
El Gobierno español asegura que Marruecos puede acceder libremente al islote de Perejil, situado frente a la costa del país vecino y próximo a Ceuta, para interceptar a los inmigrantes que, habiendo salido del reino alauí, hayan alcanzado dicho territorio, de soberanía española y protagonista de un incidente diplomático en el año 2002, cuando militares marroquíes ocuparon la zona.
Así se desprende de la respuesta parlamentaria dada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al grupo Amaiur, que se interesó por los motivos por los que el pasado 3 de junio las Fuerzas Auxiliares del país vecino entraron en el islote para llevarse detenidos a 13 inmigrantes.
Asimismo, se explica a Amaiur que fue el propio Gobierno español quien dio permiso a Marruecos para llevarse a los inmigrantes de Perejil, pues existe un convenio bilateral del año 2002 que permite este tipo de intervenciones, siempre y cuando la isla permanezca deshabitada.
“El 22 de julio de 2002 los reinos de España y Marruecos firmaron un acuerdo por el que se comprometían a restablecer y mantener el statu quo existente en la isla de Perejil con anterioridad al citado mes. En dicho acuerdo también se determinó que la isla, de titularidad española, no estaría ocupada por ninguna fuerza y que correspondería a cada país recomponer el status quebrado por su parte”, reza la respuesta del Gobierno.
Delegación de Ceuta
No es la primera vez que el Ejecutivo se pronuncia sobre este suceso. El 5 de junio, dos días después de la entrada de marroquíes en Perejil, Francisco Antonio González, delegado del Gobierno en Ceuta, calificó de “artificial” el debate sobre la situación jurídica de Perejil y apuntó que toda controversia es atribuible “a personas que tienen un interés especial en generarla”, tal y como publicó la cabecera ceutí de El Faro en aquel entonces.
Asimismo, el delegado caballa explicó que España y el país vecino alcanzaron un acuerdo tras el conflicto de 2002 por el cual “si las personas que ocupan Perejil provienen de Marruecos, los marroquíes pueden retirarlas y si esas personas vienen desde España, son las autoridades españolas las que deben intervenir”. Se trata de la misma respuesta dada recientemente por el Gobierno central a Amaiur.
Contenido del convenio
En cuanto al convenio rubricado entre ambos países en 2002, el Ejecutivo señaló que “ese acuerdo ha consolidado una operativa importate en la lucha contra la inmigración irregular, en virtud del cual España y Marruecos reaccionan y se hacen cargo de las personas que desde su zona de afección y soberanía acceden a la isla de Perejil, bien para proceder a su auxilio y rescate, o bien para ser invitadas a abandonarla. Por tanto, es fundamental abordar el caso concreto desde la base del compromiso citado”.
En cuanto al supuesto maltrato de los inmigrantes por parte de los agentes marroquíes en la intervención de junio, ante el cual la Guardia Civil no hizo nada, según denunciaron las ONGs Pro Derechos Humanos y Caminando Fronteras, el Gobierno español respondió a Amaiur que “en las actuaciones de control y vigilancia fronteriza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas actúan bajo el mandato de la ley, bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, con pleno respeto de los derechos fundamentales” y asegura que tanto sus actuaciones como las de las fuerzas marroquíes “contemplan como principio básico el más estricto cumplimiento de la legalidad”.
“Esto incluye, por supuesto, las garantías de protección internacional”, añade el Ejecutivo, que indica además, que “el acceso a la información sobre protección internacional de los inmigrantes presentes en Ceuta y Melilla está garantizado y los inmigrantes “tienen pleno acceso a toda la información sobre las posibilidades de solicitud, tanto en el Centro de Estancia Temporal (CETI) como en la red de asistencia social”.
