La problemática de los trabajadores transfronterizos que cada día llegan a Melilla o Ceuta desde Marruecos para desempeñar las más variadas labores será abordada en el Congreso de los Diputados. La recién creada Delegación de Izquierda Unida en nuestra ciudad ha sido la promotora de esta iniciativa tras el informe elaborado por la Federación de la Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO.
La proposición no de ley no busca asignar ningún privilegio entre este colectivo de trabajadores extranjeros. Sólo pretende hacer posible que disfruten de los servicios y prestaciones por los que pagan impuestos, un dinero que se les retiene de sus nóminas sin que hasta ahora sirva para otorgarles los mismos derechos que a sus compañeros españoles.
La histórica injusticia con estos empleados lo es ahora aún más cuando se ha limitado el acceso a determinados servicios, como el sanitario, a los extranjeros que no contribuyen a su sostenimiento. Siguiendo ese mismo razonamiento, los marroquíes que trabajan en Melilla o Ceuta, aportan su esfuerzo y pagan impuestos, deberían tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador nacional a beneficiarse de esos servicios y prestaciones.
Hoy, los ciudadanos marroquíes que trabajan legalmente en cualquiera de las dos ciudades autónomas ven cómo se les retiene un porcentaje de sus nóminas como adelanto del IRPF, a pesar de que no pueden realizar la declaración de la renta. También cotizan por desempleo, pero no tienen derecho a ninguna prestación si pierden su puesto de trabajo. Además, pagan tasas desorbitadas por la renovación de sus permisos.
La discriminación de estos marroquíes es posible porque está amparada en convenios y acuerdos bilaterales entre España y Marruecos. Esta situación vuelve a dejar patente que no siempre los conceptos de legalidad y justicia van de la mano.
