LOS menores no acompañados procedentes del país vecino, como otros muchos problemas que nos llegan de Marruecos, dejarán de ser un rompecabezas en el mismo momento en que las autoridades alauíes así lo deseen. Los tratados y protocolos de actuacion acordados entre ambos países son papel mojado mientras no haya una verdadera implicación de la administración marroquí en la resolución de una situación que sufre nuestra ciudad y cuyo único origen está al otro lado de la frontera. Las leyes españolas, eficaces y justas en otros puntos del país, en Melilla son una maraña imposible cuando se trata de utilizarlas como herramienta de cooperación con un vecino que no acepta su responsabilidad.
El nuevo acuerdo hispano-marroquí publicado el pasado 21 de marzo en el Boletín Oficial del Estado fija las condiciones que a patir de ahora hay que tener en cuenta para llevar a cabo la devolución de los menores. Sin embargo, el Ministerio del Interior, su gabinete de prensa, asegura que no existe aún ningún protocolo de actuación. La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, está convencida de que existe, pero considera que hay que reunirse con la Delegación del Gobierno para estudiar el nuevo tratado entre España y Marruecos. En fin, otro lío burocrático que anima a dar la razón al responsable de Prodein, José Palazón, cuando afirma que “estamos a años luz de devolver menores con garantías reales y no sólo formales”. Sólo le falta añadir que esto, si es así, no es justo atribuirlo a la irresponsabilidad de las autoridades españoles, con independencia de que trabajen bajo un color político u otro. La crítica, si se pretende realizar de un modo acertado, obliga a achacar la situación por la que atraviesan estos menores a la dejadez de la administración marroquí, que en este caso tampoco se caracteriza por sus desvelos por la seguridad y las garantías jurídicas de sus nacionales.
