El Juzgado de Instrucción nº 4 pide los listados de contratados por el cupo de parados en riesgo de exclusión de los Planes de Empleo de 2008 y 2009.
El Juzgado de Instrucción nº4, que investiga el presunto fraude electoral en las Generales de 2008 y la presunta manipulación de las contrataciones en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno, ha librado diversos oficios al mismo organismo gubernativo y al Servicio Público Estatal de Empleo, para que facilite la lista de contratados en la oferta específica para parados en riesgo de exclusión, así como los criterios y documentos cotejados para baremar y certificar el acierto de esas contrataciones.
La petición de información a la Delegación del Gobierno y SPEE guarda relación con las diligencias en las que ya se encuentran imputadas 28 personas, entre ellas los cabezas de lista de PSOE y CpM para las próximas elecciones del 22 de Mayo, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, a los que se acusa de haber incurrido presuntamente en varios tipos de delitos electorales así como en un presunto delito de falsedad documental.
El macroproceso, actualmente sujeto a instancias de la mayoría de imputados a un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial para que sea declarado nulo, investiga una presunta manipulación del voto por correo y de las contrataciones en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno, tendente a favorecer a los colaboradores y afines de PSOE y CpM , que en las Generales de 2008 presentaron una candidatura conjunta para Melilla.
Investigación y hechos probados
El Juzgado dio por probado, a raíz de la investigación del grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que en las Generales de 2008 se creó un “entramado” que, mediante promesas de contratos en los Planes de Empleo y manipulación de voto por correo, logró favorecer a la candidatura de CpM y PSOE. De ahí, que se imputara a 28 personas, entre ellas al jefe provincial de Correos, por presuntos delitos electorales, mientras continuaba la investigación paralela sobre lo sucedido con los Planes de Empleo y la posible comisión en este sentido de un delito contra la Administración Pública.
Ahora, con los nuevos oficios, el Juzgado intenta desentrañar qué criterios se siguieron para las contrataciones directas en los Planes de Empleo de 2008 y 2009, en los que precisamente se reservaba la mitad de sus 3.267 puestos de trabajo a aquellos parados en riesgo de exclusión, bien por ser menores de 30 años sin acceso aún a un primer empleo; mayores de 45 con cargas familiares; familias monoparentales con cargas, o unidades familiares con cargas y sin ningún tipo de renta.
Los oficios librados por el juez para solicitar información al subdirector general de Promoción de Empleo de la Dirección General del SPEE en Madrid, así como a la dirección provincial del mismo organismo en Melilla y a la Delegación del Gobierno en nuestra ciudad, son “idóneos”, dice el nuevo auto judicial de fecha 25 de marzo, para “el esclarecimiento” del presunto delito electoral y presunto delito contra la Administración Pública.
Cinco días para contestar
Tanto la Delegación del Gobierno como el director provincial del SPEE en Melilla tienen cinco días para contestar al Juzgado de Instrucción número 4. La finalidad de la petición de información a ambos organismos busca “determinar una posible manipulación” en las contrataciones de los Planes de Empleo, así como “intentar detectar posibles irregularidades” en la concesión de los puestos de trabajo “por parte de las personas responsables” de las mismas contrataciones.
En concreto, el Juzgado intenta saber si se han tenido en cuenta las órdenes ministeriales que fijan los criterios de contratación, en qué medida se ha considerado el número de hijos de las unidades familiares de las personas contratadas, y cómo se ha cotejado y comprobado que los seleccionados efectivamente debían beneficiarse de la contratación directa o preferente por encontrase en riesgo de exclusión.
Asimismo, se pretende conocer cuántos debían ser los contratados y cuántos finalmente lo fueron, después de constatarse “discrepancias” en las contestaciones que a finales del pasado 2010 dieron tanto la Delegación del Gobierno como el SPEE, una vez se empezó a indagar sobre los Planes de Empleo de 2008 y 2009.
Entre las discrepancias que recoge el nuevo auto judicial, destaca el hecho de que 167 contratados no aparezcan finalmente en las relaciones nominales que se entregaron inicialmente al juzgado o que mucha de la información facilitada por el SPEE no se corresponda con lo que reclama la Unidad contra el Crimen Organizado de Málaga, inmersa en la investigación a través de la Policía Judicial del Grupo Eco de la Guardia Civil.
