Así como el de secretario y tesorero de la Asamblea, según el dirigente de PPL.
El portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, afirmó ayer que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en conocimiento de la Ciudad Autónoma “la obligación de cubrir los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, a través del sistema de provisión definitivo que corresponda”. Según el dirigente de PPL, el requerimiento del Estado a la Ciudad Autónoma es consecuencia de la denuncia presentada por su formación política con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley en la Administración local.
“No puede tolerarse que la desconfianza del presidente Juan José Imbroda en un interventor o secretario general de carrera haya puesto a Melilla fuera de la ley en materia de control de la legalidad administrativa y económica”, apuntilló.
Liarte recordó que, en una situación económica en la que se exige “una estricta observancia de las normas y una rigurosa fiscalización de las cuentas públicas”, PPL reclamó a Imbroda que se cubrieran “de inmediato” los puestos de interventor, secretario, vicesecretario general y tesorero, “sin que el presidente del Gobierno autonómico accediera a ello por motivos de conveniencia personal y política”.
Asimismo, indicó que PPL ha presentado “varios escritos a Imbroda, así como una moción y dos preguntas en los plenos de control” que han sido desatendidas porque al presidente “le interesa que estos puestos no sean cubiertos por funcionarios de carrera”.
Acciones legales
“Sólo después de comunicar al Ministerio de Hacienda el fraude de ley cometido por Imbroda al mantener accidentalmente durante más de diez años como interventor, secretario y tesorero a unos funcionarios locales, parece que la situación podrá cambiar y llegarán el control y fiscalización a la Ciudad Autónoma, realizados por personas ajenas a influencias políticas y partidistas”.
Por último anunció que si Imbroda “desprecia el requerimiento del Estado y no convoca inmediatamente estos puestos”, solicitará a la Delegación del Gobierno que emprenda las acciones legales correspondientes para depurar las responsabilidades derivadas “de una deliberada violación de la normativa legal”.
El Gobierno local asegura que ya trabaja en ello.
El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín, salió al paso de las críticas vertidas por el dirigente de PPL y aseguró que el Ejecutivo local ya trabaja con la Administración del Estado para cubrir esos puestos “cuanto antes”.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, el ‘número dos’ del Gobierno autonómico subrayó que la situación de los funcionarios que actualmente ocupan dicho cargo es “correcta”.
“Nuestra voluntad es solventar esta situación cuanto antes, llevamos años intentándolo”, aseveró Marín, “esperamos que el asunto quede cerrado en breve”. En la misma línea, insistió en que Melilla y el Ministerio de Hacienda mantienen “desde hace tiempo” un contacto continuo para poner fin a este problema.
