EL Partido Popular de Melilla se ha sumado a la ofensiva nacional de su formación política contra la Ley Celaá, que empezará a tramitarse mañana mismo en el pleno ordinario del Congreso de los Diputados.
Coincido con los populares en que no es el momento de sacar adelante una ley tan importante como la educativa. No sólo por la pandemia, sino porque estamos asistiendo a un escenario político muy dividido, lleno de encono hacia el adversario.
Digamos que no soplan vientos favorables al consenso. Pero ni para la Ley Educativa, ni para la Ley de Eutanasia ni para la Ley del Cambio Climático. Se puede legislar de esa manera y se hará, pero no serán las mejores leyes posibles. Saldrá lo que se pueda sacar pensando más en la agenda ideológica, que en lo que demanda la ciudadanía. ¿Es eso lo que queremos?
Sin embargo, admito que me ha alegrado y sorprendido (a partes iguales) saber que Isabel Moreno defiende la necesidad de un acuerdo de Estado como el que se alcanzó en temas de violencia de género o de igualdad para sacar adelante una reforma educativa que nos ayude a mejorar la enseñanza en este país.
Me alegra porque es un paso de avance importante respecto a la Ley Wert (Lomce) aprobada en 2013 únicamente con los votos de la mayoría absoluta del PP. Entender la necesidad de consensuar leyes como ésta es no sólo una novedad sino también un magnífico paso de avance.
Cómo han de estar las cosas de mal en este país para que la ministra Isabel Celaá se jacte de haber aprobado una ley con más acuerdos que la del PP. Se siente satisfecha de haber puesto de acuerdo a siete partidos políticos: PSOE, UP, Más País, Compromís, Nueva Canaria, ERC y PNV.
Olvida, cómo no, que la izquierda y los nacionalistas sólo consiguieron un voto por encima de la mayoría absoluta para aprobar su ley. Sin dudas, eso no es consenso aunque lo pretenda. Es como el que se come una salchicha vegana y cree que comió salchicha.
O no entendí muy bien a Isabel Moreno o el único efecto adverso que tendrá la Ley Celaá en Melilla será que aumentará la brecha entre los niños de la ciudad y los del resto de España. Algo que ya estaría pasando teniendo en cuenta que por las altas ratios (debido a la herencia recibida), a los niños les tocan las clases presenciales poco menos que de Pascuas a San Juan.
Sin embargo, en otras comunidades lo que más ha escocido de la Ley Celaá es la desaparición del distrito único, lo que obliga a las familias a matricular a sus hijos en el colegio más cercano y no en el que le gustaría o está más cerca de sus creencias religiosas o inclinaciones políticas.
Hasta donde yo sé, aquí no es que no haya distrito único, es que hay lo que hay y la pandemia ha venido a sacarnos los colores porque nuestra ratio lleva años por las nubes. ¿Y saben por qué? Porque depender del Ministerio de Educación es un lastre para esta ciudad. Aquí, si la gestión educativa dependiera del Gobierno local, seguramente tendríamos más colegios y mejores condiciones para los niños en las aulas.
No lo digo porque crea que nuestros políticos son mejores que los que nos tocan en Madrid, sino porque, por lo menos, tendríamos la opción de montarles una huelga o manifestaciones y amargarles la vida hasta que finalmente cedan y admitan que la Educación tiene que ser una prioridad.
En otras comunidades, para desafiar la Ley Celaá, los populares tienen previsto sacar un decreto que adelante la matriculación del curso 2021-2022, de manera que cuando la Ley se apruebe definitivamente entre el 23 y el 29 de este mes ya esté en marcha la selección de un centro educativo para septiembre que se ajuste al bolsillo y la ideología de los padres.
Yo, en esto, admito que tengo contradicciones. Por una parte, admiro a quienes luchan por sus derechos y buscan resquicios legales para pelear por ellos. Pero por otra, no me gusta el pan para hoy y hambre para mañana.
Aunque no me atrevo a poner la mano en el fuego, los nuevos presupuestos apuntan a que la legislatura va para largo. Pretender salvar la matriculación del próximo curso y aplazar el disgusto de los padres en las comunidades gobernadas por el PP es, en mi opinión (y con el mayor respeto) una rabieta.
No soluciona el problema sino que aplaza sus consecuencias. Son cuidados paliativos. Pero bueno, para eso está la política, para intentarlo.
Sólo espero y deseo que les dé tiempo a sacar el decreto antes de que el PSOE apruebe la Ley Celaá porque si no consiguen hacerlo en tiempo récord Pablo Casado, que fue quien hizo el anuncio, habrá hecho un ridículo de una magnitud incalculable.
Y en estos momentos vendría especialmente mal, teniendo en cuenta que en el Congreso está a punto de abrir la Comisión de Investigación por el caso Kitchen para airear el supuesto espionaje que le montó el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Al PP le viene hacia arriba el mambo ‘number’ 5.
