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Inicio » Política

La oposición respeta que la Justicia actúe contra los perfiles falsos de redes sociales

por P.S.A
20/12/2014 20:19 CET
La oposición respeta que la Justicia actúe contra los perfiles falsos de redes sociales

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CpM, PSOE y PPL se muestran cautos tras las detenciones que se produjeron el pasado viernes.

Los grupos de la oposición se mostraron ayer cautos tras la operación que se produjo el viernes contra el “uso ilícito de redes sociales”, la cual se saldó con cinco detenidos. CpM, PSOE y PPL coincidieron en señalar que desconocían los pormenores de lo ocurrido, aunque señalaron que “respetan” la actuación de la Justicia en este asunto.
El secretario de Organización de CpM, Hassan Mohatar, declaró a El Faro que su formación política desconocía quiénes habían sido detenidos, así como los detalles de la operación de la Guardia Civil, por lo que apuntó que no podía valorar en profundidad lo ocurrido.
No obstante, Mohatar recalcó que CpM “siempre ha estado en contra de los perfiles falsos  en redes sociales”, declaraciones que instantes más tarde refrendó el líder de CpM, Mustafa Aberchán, también en declaraciones a este periódico.
Ambos dirigentes de CpM destacaron que era “ilógico” que haya personas que se escuden tras seudónimos en redes sociales como Facebook y Twitter con el único objetivo de insultar y calumniar. En este sentido, Mohatar señaló que se habían vertido “acusaciones muy graves” contra mandatarios del Gobierno autonómico.
“Se trataba de cuestiones personales que estaban fuera del juego político”, señaló. “Es normal que la Justicia actúe, creo que no podía ser de otra manera”, aseveró.
En cualquier caso, insistió en que su formación política apenas disponía de datos sobre la operación y las detenciones del pasado viernes. “Hasta que no sepamos a ciencia cierta qué ha ocurrido no nos podemos pronunciar”, recalcó. Por último, recordó que desde el Ejecutivo local “llevaban tiempo detrás de estos perfiles falsos”, principalmente porque habían realizado “unas acusaciones muy graves”.

Colaboración de PPL
Por otro lado, el máximo dirigente  y fundador de PPL, Ignacio Velázquez, manifestó a este periódico que su partido estaba “absolutamente en contra” de los agravios vertidos a través de seudónimos y perfiles falsos.
Para el líder de PPL, se trata de algo que está “fuera de la crítica política”. En palabras de Velázquez, se trata de declaraciones que se deben hacer “a cara descubierta”.
Asimismo, afirmó que su partido colaboró “de manera activa e intensa” con la Guardia Civil  en la investigación del viernes, aunque no detalló en qué sentido. Además, resaltó que “no tenía confirmación” sobre los detenidos, aunque admitió que algunos tenían relación con PPL.
Eso sí, aseguró que en el momento de las detenciones ninguno de los arrestados tenía cargo dentro del partido. “De los nombres que se han barajado en las últimas horas, ninguno forma parte de PPL”, afirmó. Asimismo, señaló que si alguno de los implicados era integrante de su formación política, “sería expulsado de manera inmediata”.
De hecho, a las pocas horas de estas declaraciones de Velázquez, PPL remitió a los medios de comunicación una nota de prensa en la que informaba de que una de las detenidas, Nieves Vida Verdú, había sido suspendida como militante del partido.

El PSOE, más cauto
Más cautos se mostraron los socialistas, que se limitaron a respetar la operación de la Benemérita. “El PSOE, como siempre hace en estos casos, respeta la actuación policial y la acción de la Justicia”, manifestaron a El Faro fuentes oficiales del partido.
Asimismo, recalcaron que entendían que la libertad de expresión “es un derecho de los ciudadanos, que tienen la potestad de expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones y cuyo único límite, como establece la Constitución, debe ser el respeto a la legalidad”, en alusión a la utilización de las redes sociales.
En este sentido, señalaron que foros como Facebook o Twitter deben ser “un vehículo eficaz para que los ciudadanos estén informados y, como cualquier otro medio de  comunicación, para que se realicen las denuncias que puedan servir para un mayor control de los poderes públicos en una democracia dentro del respeto de los principios constitucionales”.
Por último, señalaron que debe ser la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes en este caso.

 

 

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