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Inicio » Política

La Mesa de la Asamblea analizará la pérdida de los papeles de Tribugest

por Redacción El Faro
03/06/2013 21:12 CEST
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Tendrá que estudiar la posible sanción administrativa o judicial contra un diputado de la oposición.

La vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, informó a El Faro de que en esta semana se reunirá la Mesa de la Asamblea para analizar la información reservada que el consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, les entregó recientemente y que el pasado viernes hizo público en el Pleno de Control sobre la desaparición y reaparición de algunos documentos del expediente del llamado ‘caso Tribugest’. Rivas explicó que la denuncia de su compañero de partido tendrá consecuencias aún por estudiar y destacó la gravedad de que desaparezcan y reaparezcan documentos de expedientes públicos.
Entre las medidas a tomar están la sanción “administrativa o la judicial o las dos”, tal y como el propio Conesa declaró a El Faro el pasado viernes tras la sesión de control. El consejero de Economía aludió a un diputado de la oposición, quien sería el que accedió al expediente de Tribugest y supuestamente se llevó algunos documentos, y que días más tarde volvieron a aparecer.
La identidad del diputado en cuestión al que se refirió Conesa no ha trascendido de manera oficial, pues se trata de una información reservada, aunque sí existen rumores de quién pudo ser el supuesto autor de los hechos y protagonista en la sesión plenaria del viernes en la que se trató en varias ocasiones el llamado ‘caso Tribugest’. Todos los grupos de la oposición, bien a través de una interpelación o una pregunta, llevaron al Pleno de Control este caso, tras salir a la luz que hace cuatro años la empresa encargada de la gestión y cobro de los tributos de la Ciudad Autónoma cambiara de Tribugest a Getyr.
La vicepresidenta primera de la Asamblea se negó a desvelar la identidad del diputado al que se le abrió una información reservada al estar supuestamente implicado en esa misteriosa desaparición y reaparición de documentos, mientras que Conesa, a través de su perfil en Twitter, dijo sentirse sorprendido por el silencio de los grupos de la oposición sobre la denuncia que él había hecho en el Salón de Plenos el viernes. También insistió en que debe haber “consecuencias” sobre el caso denunciado y cuyas conclusiones entregó a la Mesa de la Asamblea.
Rivas explicó que la Mesa de la Asamblea se reunirá y decidirá qué acciones emprender, si bien es cierto que el Reglamento de la Asamblea contempla una serie de sanciones en las faltas tipificadascomo leves, graves o muy graves. Entre los supuestos sancionables no se recoge específicamente el caso denunciado por Conesa. De ahí que Rivas insistiera, en declaraciones a este diario, en que la Mesa de la Asamblea deberá estudiar “muy detenidamente” el informe recibido para tomar una determinación.

El reglamento

Artículo 70.1
Este amplio artículo del Reglamento de la Asamblea establece que el Pleno, a propuesta de la Mesa de la Asamblea podrá acordar la sanción de un diputado en varios supuestos. El primer apartado del artículo 70 los tipifica. Las ausencias injustificadas de diputados a plenos y comisiones, negarse a ser expulsado del Pleno y no respetar “el orden, la cortesía y la disciplina corporativa”, son faltas consideradas leves.
Artículo 70.2
Las descalificaciones graves que atenten contra la dignidad de los miembros de la cámara, el incumplimiento de los artículos 18 y 19.5 y el régimen de incompatibilidades son faltas graves.
Artículo 70.3
Se consideran faltas muy graves la “divulgación de actuaciones que reglamentariamente y por excepción puedan tener un carácter secreto”, portar armas en las dependencias municipales y agredir a otro diputado en el ejercicio de su cargo.
Artículo 70.3
Las faltas leves se podrán sancionar con la suspensión de los derechos económicos de los diputados por un tiempo de hasta tres meses. Las faltas graves suspenden otros derechos de los diputados por un periodo de dos meses y para las faltas muy graves la sanción máxima es la suspendión de funciones como diputado por un periodo máximo de dos meses.

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