El portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, afirma que en las citaciones judiciales “no se alega ningún delito” y por tanto las deficiencias documentales son subsanables.
Tras conocer que cerca de una veintena de personas del Gobierno local, oposición y funcionarios de varias consejerías han sido imputados por la Fiscalía de Melilla por falta de documentación en varios procesos de contratación entre 2006 y 2007, el portavoz del Ejecutivo melillense, Daniel Conesa, aseguró ayer estar “tranquilo porque no hay ninguna irregularidad”. Dijo tener conocimiento de la recepción de dos citaciones judiciales, una de un director general y otra de un auxiliar administrativo. En ellas “no se alega ningún delito” y sí deficiencias documentales que, en todo caso, son “subsanables si no se ha aportado ya esos documentos”.
Conesa reconoció que la noticia tiene cierta “morbosidad” por la cantidad de imputados, pero reiteró que el juez, en este caso, ha procedido como corresponde, es decir, que ha citado a las personas que considera necesarias para aclarar el expediente que la Fiscalía de Melilla recibe de la de Málaga procedente de la del Tribunal de Cuentas.
Según ha podido saber el portavoz del Gobierno local, lo que se reclama desde la Fiscalía del Tribunal de Cuentas son varios documentos de 16 expedientes de contratación de diversas consejerías. Para Conesa, muy probablemente esas deficiencias documentales ya han podido ser reclamadas directamente por el propio Tribunal a la Ciudad y estarían subsanadas, sin que hasta el momento la Fiscalía, por su parte, haya tenido conocimiento. Es por ello, que Conesa opina que es éste el motivo por el que el proceso judicial ha seguido su curso, la Fiscalía ha tramitado las citaciones judiciales y que, al final, el caso no tenga mayor trascendencia.
El portavoz del Ejecutivo melillense explicó que en las citaciones no se alega delito alguno ni responsabilidad penal y que a los afectados se les cita en calidad de imputados para que acudan con un abogado y garantizar así su defensa.
Sobre el número de imputados que pueda haber en este caso, Conesa explicó que no todos han recibido las citaciones, y que éstas se pueden extender desde los técnicos de las consejerías hasta los miembros de la Mesa de Contratación de ese tiempo. En esos años la oposición sí tenía representación en la Mesa, junto a dos miembros del Gobierno y el presidente. Hoy únicamente la conforman tres personas, Esther Donoso como consejera de Contratación, un secretario y el interventor.
Conesa recordó que la Mesa de Contratación entre 2006 y 2007 estaba presidida por Guillermo Frías, Rafael Marín y Ramón Gavilán en representación del Gobierno local, Celia Sarompas por el Partido Socialista y Jadu Driss por Coalición por Melilla. No obstante, Conesa se mostró prudente pues en estos primeros momentos, tras conocer la noticia, “únicamente hay muchos rumores”. Por ello, adelantó que mañana lunes ofrecerá una rueda de prensa en la que detallará lo sucedido con estas imputaciones de la Fiscalía.
Conesa reiteró que el Gobierno de la Ciudad Autónoma está “tranquilo” pues no existe irregularidad alguna. “Son cuestiones de procedimiento que no van más allá de aportar los documentos que falten y que puede que ya se hayan entregado y justificado ante el Tribunal de Cuentas”, indicó. Explicó que la fiscalización de las cuentas melillenses llevan un retraso de entre siete u ocho años. De hecho, el portavoz popular explicó que el pasado mes de diciembre, el Tribunal cerró la fiscalización de las cuentas de Melilla correspondientes a los años 2004 y 2005. Pues, con este retraso, es muy posible que las deficiencias referidas ya estén subsanadas desde hace tiempo.
“Estoy convencido de que no se está reclamando ninguna responsabilidad penal a las personas citadas por la Fiscalía”, manifestó Conesa, y reiteró que el caso únicamente llama la atención por la cantidad de imputados.
Citaciones para el 8 de marzo
Conesa explicó que el juez ha llamado a declarar a las personas que aparecen en las actas de los procesos de contratación, por lo que, ahí pueden estar tanto miembros del Gobierno y de la Mesa de Contratación de aquel tiempo como altos cargos, directores generales y personal administrativo de las Consejerías que se ven afectadas. El próximo 8 de marzo es el día en el que los imputados deberán acudir a los juzgados de Melilla para aclarar la falta de justificación de estos expedientes administrativos, aunque el portavoz del Ejecutivo local reiteró que “no hay irregularidad” y muy posiblemente “la mayor parte de las cuestiones a las que se refiere el Tribunal de Cuentas están perfectamente justificadas”·
