La Asamblea suprimirá mañana la ordenanza que la regula en un pleno extraordinario.
El Gobierno autonómico propondrá mañana, en un pleno extraordinario, la supresión de la tasa que pagan las empresas de telefonía móvil por utilizar el espacio público para colocar antenas, cables u otro tipo de instalaciones.
En el orden del día de la sesión plenaria de mañana se ha incluido en el punto tres la aprobación provisional, “si procede”, de la ordenanza fiscal reguladora del sometimiento de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local que fue aprobada en el año 2009 y que varios tribunales provinciales han anulado.
“Las empresas de telefonía móvil demandaron a los ayuntamientos de toda España que aplicaban esta tasa y ganaron en los juzgados”, apuntó a El Faro Pablo Martínez, director general de la Sociedad de la Información.
Es por eso que ahora Melilla va a anular esa tasa, como han hecho otras localidades, añadió. Y se hará, dijo, con la ventaja de que la compañía Telefónica sólo ha reclamado a la Ciudad la devolución del aval que en su momento puso porque lo exigía la ordenanza municipal y no ha pedido el reintegro de los intereses.
Antes de llevar a votación la supresión de la tasa a las empresas de telefonía móvil, la Ciudad consultó una relación de sentencias judiciales que habían ganado las operadoras que demandaron a decenas de ayuntamientos en toda España.
Todas acabaron con la orden de un juez de suprimir la tasa “por padecer un vicio de ilegalidad que debe determinar su nulidad”, según consta, por ejemplo en la sentencia dictada el 25 de enero pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en contra del Ayuntamiento de Moratalla y a favor de Vodafone España.
Esta sentencia también afirma que la tasa “suponía una discriminación de los operadores de telefonía móvil respecto a los de telefonía fija”.
Bruselas, en contra
La tasa que grava el uso del espacio público por las empresas de telefonía móvil lleva tres años en vigor en la ciudad. Está vigente desde el 1 de enero de 2010, tras su publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del 30 de diciembre de 2009 y venía a derogar una normativa anterior que databa del año 2008.
El texto de la ordenanza fija el cobro de la tasa por la “utilización o aprovechamiento especial del suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas” y obliga a pagar “a las empresas de telefonía móvil cuyos servicios se presten total o parcialmente a través de antenas fijas, redes o instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público con independencia de quién sea el titular de éstas”.
Después de aprobada la ordenanza de Melilla una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado improcedente exigir el pago de esta tasa a las empresas de telefonía móvil cuando se utilizan redes ya existentes y las operadoras no son propietarias de éstas.
Depende del número de líneas
El monto de la tasa que Melilla aprobó en el año 2009 para gravar a las operadoras de telefonía móvil depende de la cantidad de abonados que tiene la compañía en la ciudad y de lo que ingrese ésta a través de las facturas de sus clientes. Se trata del cobro de un 1,5% de los ingresos totales de las empresas en un año.
La ordenanza, aún en vigor en Melilla, no recoge ninguna excepción y obliga a las operadoras a abonar cuotas trimestrales. Cuando éstas exceden el importe total del año, la Ciudad les devuelve la diferencia.
Desde 90.000 hasta 300.000 euros al año
Los ayuntamientos catalanes fueron los primeros que en el año 2009, y tras las sentencias de los jtribunales derogaron la tasa de las compañías de telefonía móvil.
Esta ordenanza supone una tabla de salvación para las maltrechas cuentas de los ayuntamientos españoles. Por ejemplo, el de Castrillón (Asturias) suprimió su pago el pasado 17 de enero y con esta decisión perdió unos ingresos anuales que rondaban los 90.000 euros.
También en febrero de este año el Consistorio alicantino de San Vicente del Raspeig derogó la tasa a las operadoras de móviles y renunció así al cobro de cerca de 300.000 euros al año.
