Mantener los 285 reclusos que tiene la prisión sale al Estado por 34.000 € al día, con comida incluida.
La cárcel de Melilla ha pasado del hacinamiento del año pasado a acoger una población reclusa cercana a la cifra ideal de los 270 internos que se plantea como meta la dirección del centro.
El sindicato Acaip (Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), mayoritario en la prisión de la ciudad, aplaude la rebaja de los datos de ocupación experimentada este año, pero advierte de que aún quedan celdas con tres reclusos, cuando la ley sólo permite uno o como máximo dos por dependencia.
Según los números que maneja Instituciones Penitenciarias, la prisión local empezó esta semana acogiendo a 285 internos, diez más que el mes pasado, pero casi cincuenta menos que a primeros de septiembre del año pasado.
Hay que tener en cuenta que en verano siempre suele registrarse un repunte importante del número de internos. Sin embargo este año ha sido distinto. En 2013, por ejemplo, la cárcel local se mantuvo entre 331 y 336 reclusos en los meses de julio, agosto y septiembre. Este año, en cambio, la cifra de ocupación no se ha salido de la horquilla comprendida entre los 275 y los 307 internos.
“Este verano ha estado más tranquilo y hemos tenido la visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Hay que felicitarlo por el trabajo realizado descongestionando la prisión de Melilla, pero no se puede bajar la guardia. Aún tenemos celdas con tres internos”, señaló ayer a El Faro el portavoz de Acaip en la cárcel.
El sindicato aplaude que la prisión local ya no padezca “el hacinamiento brutal” de hace un año, pero mantiene que aún existe la necesidad de seguir trabajando por rebajar los índices de ocupación de las celdas.
Cada interno cuesta diariamente al Estado 54 euros, sólo por estar encarcelado. Estamos hablando de que la cárcel de Melilla invierte cada día 15.390 euros en acoger a 285 reclusos. Si a esta cifra le sumamos la comida (65 euros diarios), estamos hablando de añadir a esos casi 15.400 euros otros 18.525 euros. En total, 33.915 euros diarios. Sin contar con que los presos enfermos suponen un gasto extra de 6.000 €euros al año en toda España.
De ahí que rebajar los índices de ocupación de la cárcel no sea sólo una exigencia de los sindicatos penitenciarios, sino también una cuestión económica.
Desde la cárcel de Melilla han destacado en más de una ocasión que en la bajada del número de internos ha influido no sólo la presión de Instituciones Penitenciarias sino también la colaboración de la Guardia Civil en los traslados a la península.
Comparando los datos del año pasado con los de este ejercicio, es evidente que en la cárcel de Melilla ha descendido no sólo el número de internos preventivos, sino también el de condenados. Por ejemplo, en septiembre de 2013 había 101 presos preventivos (este año hay 94) y 231 penados (ahora hay 191). En cualquier caso, los datos de ocupación del centro penitenciario de la ciudad siguen muy por encima de los de Ceuta, que tiene 80 presos menos esta semana.
El cambio de policías por seguridad privada
Antes de verano el Gobierno central aprobó una ley que permitirá sustituir la vigilancia policial en 42 prisiones españolas (excepto las 14 de Cataluña) por seguridad privada.
En Melilla la Jefatura Superior de Policía anunció que la medida empezaría a ejecutarse a primeros de agosto, pero luego trascendió que se aplazaba hasta finales de año.
De momento, nada se ha movido en la prisión de Melilla. Aún no se sabe cuándo comenzará el cambio de policías por vigilantes de seguridad, pero sí se conoce que la medida generará unos costes muy superiores para las arcas públicas.
Para empezar, el cambio de policías o guardias civiles en las cárceles por seguridad privada ya está en marcha en 21 centros penitenciarios españoles. La práctica ha demostrado que en sólo nueve meses, la iniciativa se ha comido 7,3 millones de euros, mientras que la misma seguridad cuesta 30 millones en 62 centros penitenciarios. Los cálculos de los sindicatos son simples. Con vigilancia policial, el servicio cuesta de media unos dos millones por centro penitenciario y con seguridad privada se dispara a 2,8 millones.
En cualquier caso, la medida se ha tomado para dar vida a un sector, el de la seguridad privada, que atraviesa su peor momento. Basta con recordar todo lo que han sufrido en Melilla los trabajadores de Serramar, que desde hace un año y medio padecen los impagos y retrasos en el pago de sus nóminas. De hecho, ahora está en el aire si finalmente la empresa termina desapareciendo y deja en la cuneta a sus vigilantes de Melilla.
