Las Cuentas Públicas consolidadas para el próximo ejercicio bajan un cuatro por ciento, con 254 millones de euros. Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad, expresó ayer su confianza en que el Gobierno central que preside José Luis Rodríguez Zapatero respalde la propuesta consensuada por Ceuta para ampliar hasta el 50% la bonificación en la cuota patronal a la Seguridad Social y extenderla a una mayoría de sectores, que en conjunto supondrían un beneficio para el 85% de la actividad económica en el sector privado y que supondría un coste aproximado a los 20 millones de euros anuales.
El presidente comentó que aún quedan detalles por pulir en la negociación con el Ejecutivo de Zapatero, pero precisó que la acción común con Ceuta persigue ampliar la actual bonificación del 40 por ciento en la cuota patronal a la Seguridad Social a una mayoría de sectores, salvo la Administración Pública y sociedades dependientes de la misma, el transporte marítimo y aéreo, las actividades financieras bancarias y de seguros y, por último, la promoción inmobiliaria de viviendas residenciales, aunque no así la construcción en sentido amplio ni los oficios relacionados con el mismo sector. Los autónomos también seguirían beneficiándose de la medida, siempre que estén incluidos en los sectores cubiertos por la misma.
Imbroda reconoció que la propuesta consensuada con Ceuta no es tan amplia ni ambiciosa como la que su Gobierno defendió en mayo pasado ante el Congreso de los Diputados. No obstante, calificó de “positiva para Melilla” la propuesta consensuada con Ceuta, de la que dijo que ya tiene conocimiento el Ejecutivo central pero que, aún así, será entregada en mano al ministro Manuel Chaves durante su visita mañana a la ciudad caballa.
Plazos
Según detalló la primera autoridad local, el aumento en la bonificación en la cuota patronal a la Seguridad Social se realizaría de forma progresiva, hasta un 43% en el primer año, un 3% más (hasta el 46%), en el segundo, y finalmente hasta el pretendido 50% en el tercer año y sucesivos.
Además, recalcó que con esta iniciativa se pretende desproveerla de su actual carácter coyuntural, evaluable y prorrogable cada dos años, para convertirse en una medida indefinida que ayude a compensar las mayores dificultades de Melilla y Ceuta para su desarrollo económico.
“La idea –señaló la primera autoridad local- es que pueda entrar en vigor en los primeros seis meses de 2011. A ver si tenemos suerte –añadió- y el Gobierno central muestra interés para su puesta en marcha el próximo año”.
Además, comentó que la fórmula para su aprobación pasaría por una acción parlamentaria coordinada por los grupos parlamentarios de PP y PSOE en las Cortes Generales, bien mediante proposición de ley o moción legislativa.
“No es tan ambiciosa la propuesta como la que nosotros pretendíamos desde el Gobierno de Melilla inicialmente, pero lo que se puede, se puede”. Imbroda se refería así a la reivindicación melillense, que perseguía un aumento al 50% de la bonificación y su ampliación a todos los sectores económicos de nuestras dos ciudades norteafricanas sin exclusiones de ningún tipo.
Reparto
Por lo demás, el presidente señaló que el reparto de la bonificación seguirá haciéndose entre los empresarios y los trabajadores, que en un porcentaje de 60-40% respectivamente, se benefician de ese descuento: los empresarios, ahorrándolo de su bolsa de aportación a la Seguridad Social, y los trabajadores como un plus en sus nóminas. “La medida, que tiene de este modo una dimensión más social, seguirá aplicándose del mismo modo, para revertir también favorablemente en la economía, al favorecer mayores ingresos y por tanto más opciones para fomentar el consumo”.
Exclusión de los fronterizos
Respecto de la exclusión de la bonificación para los contratos con trabajadores fronterizos, tal cual ha propuesto en estos días el PSOE melillense, Imbroda mostró su perplejidad por una propuesta, dijo, “que el PSOE no ha hecho en Ceuta” y que, añadió, evitó calificar “porque no quiero entorpecer las negociaciones en beneficio de lo que está siendo una línea constructiva”.
No obstante, dudó de la constitucionalidad de la propuesta y, por tanto, de su legalidad, expresó su incomprensión respecto de la misma y se preguntó qué se persigue con ello, si penalizar a los trabajadores fronterizos, a las empresas que los tengan contratados o promover el despido de los mismos para que las citadas empresas con trabajadores marroquíes no se vean en desventaja competitiva respecto de las de su mismo sector que sí accederían a la bonificación por carecer de trabajadores fronterizos.
