Bienestar Social desmiente que se haya abandonado a estas personas y afirma que se sigue trabajando con ellas y que se les ha ofrecido una serie de prestaciones.
La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, desmiente que la Consejería haya abandonado a las dos familias que estos días han denunciado su próximo desalojo del albergue municial. Así, Garbín explicó que se sigue trabajando con ellas desde servicios sociales, pero “deben abandonar el albergue porque no es un lugar para criar hijos ni vivir una familia”.
La consejera aseguró que “no se les está dejando en la calle”, ya que se les está ofertando “un dinero, unos alquileres y una serie de prestaciones”.
Además, desde la Consejería creen que las familias están presionando a las autoridades para poder beneficiarse de una vivienda de protección oficial y que se están utilizando otras vías para que abandonen el albergue.
Antecedentes
Una de las familias entró en este albergue debido al incendio de su vivienda y la otra debido al mal estado de su casa; así, ambas fueron alojadas en este lugar por la Policía ya que se trataban de emergencias, para ser posteriormente notificado a servicios sociales.
La ONG melillense Prodein denunció la semana pasada la situación de tres familias –dato que contrasta con el ofrecido por la Consejería– que van a ser desalojadas del albergue municipal San Vicente de Paul.
Desde Bienestar Social se informa de que estas personas tienen una serie de prestaciones que se les están ofertando no sólo para estos momentos sino para más adelante, con lo que no quedarían en una situación desprotegida, como se ha manifestado por parte de la ONG y del grupo Unión Progreso y Democracia.
Además, Garbín indicó que dentro de estas familias hay componentes que están trabajando en los Planes de Empleo y está recibiendo otro tipo de prestaciones.
La consejera aseguró que “estamos atendiendo y vamos aseguir atendiendo a estas familias y que no vamos a meter ninguna presión porque todos los melilenses en estas circunstancias tienen los mismos derechos”.
Estas familias llevan desde diciembre en el albergue municipal, tal y como aseguró Garbín, “donde desde el principio se les dijo que era un lugar transitorio y que debían ir trabajando con los servicios sociales para poder conseguir soluciones definitivas”.
De esta forma, la consejera asegura que las familias sabían que se iban a tener que marchar en un periodo de tres meses del albergue, con lo que se les está ofreciendo “un dinero en metálico para entregarlo como abal y fianza y el primer mes de un alquiler”.
En este sentido, el procedimiento que deben seguir estas familias sería abandonar el albergue y encontrar una casa para poder continuar con sus vidas aprovechando el dinero que les proporciona servicios sociales de ayuda y a partir de ahí, continuar pendientes de los alquileres de Fomento, y realizar una solicitud con sus características especiales de una vivienda de protección oficial cuando las oferte Emvismesa, tal y como indicó Garbín.
Por otro lado, destacó que el tiempo que se les permite estar en el albergue a los afectados por una emergencia viene determinado por el estudio de cada caso particular por parte de los técnicos quienes deciden los días que pueden pasar en este lugar.
Críticas contra ONG
La consejera también ha desmentido que se haya invitado a estas familias a regresar a Marruecos, ya que según declaró “no voy a entrar en estupideces, pues es una estupidez como la copa de un pino que a estas alturas, en una ciudad como Melilla, se diga eso”. Además, añadió que es “muy típico de ONG que se dedican solamente a injuriar a la administración y sobre todo, a no buscar soluciones”.
En este sentido, Garbín indicó que la solución a esto es que la familia tenga una vida normalizada para que los niños no se vean afectados por esta situación.
Bienestar Social asegura que van a realizar “una apuesta clara y en breve”
La consejera de Bienestar Social y Sandidad, María Antonia Garbín, indicó que echa en falta una mayor implicación del Gobierno central en Melilla, por el recorte en políticas sociales que está realizando el Miniterio de Trabajo e Imnigración de un 50 por ciento en comparación con el presupuesto del año pasado. En este sentido, indicó que la mujer en materia de inmigración supone uno de los colectivos más importantes, ya que en la ciudad entre 2.000 y 3.000 personas se benefician de estas ayudas.
“Este gobierno de la Ciudad Autónoma va a realizar una apuesta clara importante en breve para que estos recortes no afecten a este colectivo de mujeres”, declaró la consejera.
Además, enumeró diferentes programas y entidades que el año pasado pusieron en marcha proyectos de formación y ayudas para combatir la discriminación, la desigualdad y la pobreza en la sociedad melillense, como Cáritas o las guarderías del Distrito V.
“Estamos trabajando para ver cómo intervenir y que la ciudad no pierda esos programas que son muy importantes”, finalizó la consejera, añadiendo que presentarán su propuesta en poco tiempo.
