La consejera de Bienestar Social fue la primera en declarar ayer en el Juzgado de Instrucción nº2. El interventor de la Ciudad, Francisco Platero, y cuatro abogados comparecieron después.
La consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, acudió ayer a los juzgados para declarar en el caso que investiga supuestas irregularidades en la contratación por parte de su departamento de abogados externos a la Ciudad. En declaraciones a El Faro, Garbín dijo estar “convencida total y plenamente” de que no existe ninguna irregularidad administrativa “y menos de carácter penal” en dichas contrataciones. El interventor de la Ciudad, Francisco Platero, y cuatro abogados melillenses, también implicados en la causa judicial, declararon después que la consejera. Platero abandonó los juzgados sin hacer declaraciones a los medios de comunicación allí apostados desde primera hora de la mañana.
Por su parte, la consejera reconoció que “no es agradable” acudir al juzgado en calidad de imputada y dijo que era “la primera vez en 20 años dedicados a la política” que se veía en esa situación. Garbín insistió en que declaró ante el juez “con toda tranquilidad” y que respondió a todas las preguntas que éste le formuló. A partir de ahora, desconoce cómo se desarrollarán las pesquisas, pero dijo confiar en un “pronto esclarecimiento”, pues insistió en que su actuación se ajustó a la legalidad. “Mi actuación fue conforme a derecho, al igual que el proceder de los técnicos de la Administración”, concluyó la consejera.
Garbín llegó a los juzgados pasadas las 09:00 horas. Acudió acompañada de la abogada Mª José Aguilar Silveti, quien recientemente cesó de su cargo de asesora jurídica en la Ciudad por incompatibilidad con su actividad profesional privada. La consejera salió del juzgado acompañada por su mano derecha en la Consejería, el viceconsejero Hasan Dris.
Menos de media hora después, llegaba al juzgado el interventor Francisco Platero, también imputado en la llamada ‘Operación Ópera’, que investiga supuestas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad. Al igual que hiciera la consejera de Bienestar Social momentos antes, Platero abandonó los juzgados sin hacer declaración alguna a los medios de comunicación. A lo largo de toda la mañana, también comparecieron los abogados imputados en la causa que investiga si hubo algún tipo de irregularidad administrativa en su contratación por parte de la consejería que dirige Mª Antonia Garbín.
Silencio ante los medios
A la consejera y a Platero se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación de abogados externos a la Ciudad Autónoma durante los años 2002 y 2011.
Según las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la contratación de esos cuatro letrados no se ajustó a los requisitos legales. Los investigadores aseguran que la contratación se hizo con la intención de “lograr la designación directa de los letrados mediante el fraccionamiento de los pagos y la omisión de la actividad interventora”, según reza en el auto de imputación del que este diario informó ampliamente en su edición del pasado 24 de agosto.
El proceder de la Consejería para la contratación de los abogados “podría haber provocado que los contratos se adjudicaran de forma directa a los cuatro letrados de forma sucesiva, eludiendo el principio de publicidad e incumpliendo los procedimientos previstos en la normativa contractual”.
“De esta manera, se habría establecido una manera de contratar por la Consejería de Bienestar Social similar a un contrato entre particulares, prescindiendo de todo procedimiento que posibilitara la concurrencia de otros profesionales”, sostiene el auto judicial, fruto de las pesquisas de los agentes de la Benemérita.
Complicidad
Respecto al interventor de la Ciudad, Francisco Platero, el auto judicial le imputa el mismo delito en calidad de cómplice, pues, según recogía el auto de imputación, “no consta” que Platero “analizase la legalidad a fin de suspender la tramitación de la documentación contable ante la posible omisión de trámites esenciales y, muy singularmente, la reiteración en el tiempo de una forma de contratar que podría ser contraria a la concurrencia”. También se responsabiliza al interventor del pago de las facturas correspondientes a los contratos de los letrados.
Los abogados contratados por la Consejería, imputados en la causa y que también comparecieron ayer ante el juez del Juzgado de Instrucción número 2 fueron N.M.P., J.F.M.B., P.J.M.J. y E.M.M.S. A todos ellos también se les imputa un delito de prevaricación administrativa en calidad de cómplices.
