El PSOE censura esta norma, que según dice, permite a la administración poder despedir a estos trabajadores si presenta insuficiencia presupuestaria tres trimestres consecutivos. La vicesecretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, expresó ayer el parecer de su formación política en contra del nuevo Reglamento de Despidos Colectivos del Gobierno del PP, que en el caso concreto de la Ciudad Autónoma afecta a 2.000 trabajadores.
La socialista explicó que según refleja este reglamento, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “las administraciones públicas podrán despedir a su personal laboral, al igual que las empresas, alegando causas económicas, técnicas u organizativas, lo que implica indemnizaciones de 20 días por año trabajado, gracias a la última reforma laboral”.
Rojas precisó que debido a esta nueva norma, los 2.000 trabajadores de personal laboral, tanto de la Administración local como del Estado que desempeñan su función en Melilla, “podrían verse despedidos” precisamente basado en este reglamento.
Además, según señaló la dirigente socialista, en el texto de esta nueva norma, “que ha sido aprobada por el PP”, se describe que se podrá despedir al trabajador cuando la administración pública en la que esté integrado ese ente, departamento, organismo o entidad presentara una situación de déficit presupuestario. El reglamento, asimismo, y en palabras de Rojas, describe como déficit o insuficiencia presupuestaria cuando ésta se produzca durante tres trimestres consecutivos.
Ley contra los desahucios
En otro orden de cosas, pero también mostrando su oposición a la política del Partido Popular, Rojas dijo que “hay que parar de una vez por todas los desahucios y establecer moratorias que permitan que hablemos de un rescate ciudadano, que suponga poner a las personas en primer lugar y a las entidades financieras en segundo término”.
Éste es, según la socialista, el espíritu de la proposición de ley presentada por su Grupo en el Congreso de los Diputados “contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar” y que aclaró se ha pedido al Gobierno que la tramite en “consenso y celeridad”.
Para Rojas, perder la vivienda por no poder pagarla “es un paso evidente y rotundo para la exclusión social”, y aclaró que con su proposición de ley pretenden “convencer a los bancos que reciben dinero del Banco Central Europeo al 0% de interés y con un período de carencia de 3 años, que trasladen ese tratamiento a quienes tienen dificultades en paga sus hipotecas”, explicó.
También defienden los socialistas en esta proposición de Ley porque busca el objetivo de “favorecer la cultura del acuerdo entre entidades y solicitantes de la hipoteca, de tal forma que se determine cómo un insolvente no doloso puede hacer frente a sus obligaciones de un modo razonable y riguroso”, señaló.
Rojas de todas formas, precisó que “no se pretende legalizar el impago o la irresponsabilidad”, sino que se trata de “conceder el mismo trato que recibe una sociedad o un comerciante individual, al deudor persona natural que ha derivado hacia la insolvencia no dolosa de un modo imprevisto, sin condenarle a la exclusión social”, razonó.
Así, tal y como concretó la socialista la iniciativa prevé medidas concretas como ampliar las garantías contenidas en el código de buenas prácticas de las entidades bancarias haciéndolas obligatorias para las que reciban apoyo público o ampliar el umbral de exclusión a aquellas familias que perciben rentas derivadas del trabajo o actividades económicas que no superen en dos veces y media el IPREM –el salario mínimo interprofesional-.
La proposición de ley del Grupo Socialista contempla igualmente establecer un acuerdo entre deudor y acreedor –Convenio de Acreedores con Intervención Notarial–, que recogerá la posibilidad de continuar el deudor en el uso de la vivienda familiar bajo cualquier fórmula que se recoja, lo que en otros países de nuestro entorno se denomina ‘Ley de segunda Oportunidad’.
Por último, la dirigente socialista pidió por último al Gobierno que “apoye” esta iniciativa, pues de no hacerlo, según dijo, “sería una gran irresponsabilidad social por parte del Ejecutivo del PP”.
