El PP local organizó una charla coloquio en la que se abordaron las relaciones entre la administración central y las autonómicas en el actual contexto de crisis.
Los populares de Melilla participaron en la jornada de ayer en una charla coloquio en la que se analizó la actual situación de España y el sistema autonómico. El evento contó con la asistencia de dos invitados de excepción, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Joaquín Ramírez, y el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia también de la Cámara Alta, Manuel Altava. Ambos participaron como ponentes en un debate que moderó la senadora popular por Melilla María del Carmen Dueñas.
En torno a las 19:50 horas fueron llegando los primeros asistentes al Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), donde tuvo lugar la charla. Entre el público estaba presente buena parte de los integrantes del Gobierno local y del Partido Popular (PP), tales como Daniel Conesa, Esther Donoso, José Ángel Pérez Calabuig, Javier Lence o el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani.
El debate comenzó con un pequeño esbozo de la mala situación financiera que atraviesa España, algo fundamental para entender cuál es la actual relación entre la Administración central y las autonomías en los tiempos de tribulación económica que corren.
Como no podía ser de otra manera, Cataluña centró buena parte de la velada, tanto por las próximas elecciones que se celebrarán en este territorio como por las pretensiones separatistas del presidente de la Generalitat y candidato de CiU, Artur Mas.
En este punto, tanto Ramírez como Altava coincidieron en que dicha aspiración es contraria a la Constitución de 1978, la cual supone el límite, junto con los estatutos, para cualquier iniciativa unilateral que emprendan las autonomías en este terreno.
En palabras de Ramírez, es fundamental que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy haga cumplir la ley en lo que se refiere a las peticiones de Mas. Por su parte, Altava consideró que el presidente de la Generalitat ha potenciado su discurso sobre la independencia con el objetivo de ganar réditos electorales. “Es algo que se ha sacado completamente de la chistera. Si Cataluña se independizara podría quedar como un Estado paria, fuera de la Unión Europea (UE)”, aseveró. En cuanto a la hipotética posibilidad de que pudiera tener presencia en Bruselas, junto con el resto de países miembros, subrayó que para ello los catalanes deberían andar “un largo camino”.
“La única posibilidad que tiene Mas es ganar el suficiente apoyo en el Congreso de los Diputados como para poder modificar la Constitución, algo completamente impensable a día de hoy”, terció.
El valor de un sistema
Ambos ponentes también coincidieron a la hora de poner en valor el actual sistema autonómico y recordaron que ha dado buenos resultados desde hace más de 30 años. En opinión de Ramírez, es la actual situación de crisis la que está poniendo en entredicho el equilibrio de poder entre Estado y autonomías. “Creo que el modelo debe mantener sus bases, pero estoy a favor de un adelgazamiento de las administraciones locales, así como de simplificar las relaciones con el Ejecutivo central y de evitar la duplicidad de funciones para ser más eficientes desde el punto de vista económico”, defendió. Por su parte, Altava señaló que la “estabilidad política” que ha propiciado este sistema desde la aprobación de la Constitución de 1978 “no debe tirarse por la ventana sin más”.
Tal y como estaba programado, la participación del público, granado de dirigentes políticos, al acabar las ponencias fue bastante fluida. Durante algunos minutos, intercambiaron pareceres con los conferenciantes de manera amena. Tras concluir este turno de intervenciones, se dio por concluido el acto.
España y Europa, un tira y afloja a causa de la crisis financiera.
Otro aspecto que también tuvo bastante peso durante la conferencia fue el de la actual relación de España con la Unión Europea (UE) en el contexto de ajustes y recortes que vienen impuestos desde Bruselas.
En opinión de Ramírez, la UE está ahora en disposición de “exigir un determinado comportamiento” al Ejecutivo español, algo que el Gobierno debe cumplir para mantener el equilibrio con el resto de países miembros, aunque ello en ocasiones suponga un tira y afloja con Bruselas para limar los objetivos de reducción del déficit.
“No siempre se han pedido las cosas con la mejor consideración”, concluyó Altava.
