La Justicia avanza con paso lento y tedioso en este país, lo que resta virtud a sus sentencias cuando finalmente llegan. En el caso de Melilla, en lo que afecta a la constitución de su Asamblea, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no se comunicará hasta el miércoles, según la agencia EFE. El calendario electoral establece que la sentencia debería notificarse un día antes, pero la ley también determina que el tribunal tiene cinco días para pronunciarse desde que se dicta el auto probatorio, lo que aconteció el día 24. En consecuencia, el fallo no estará antes del día 29 miércoles, que es cuando el TSJA ha acordado reunirse.
No cabe ninguna duda de que la actuación de los magistrados se ajustará plenamente a la ley en cuanto a los tiempos se refiere, pero su sentencia llegará tarde, muy tarde para una ciudad que espera desde la noche del 22 de mayo la constitución de su órgano legislativo. Afortunadamente no se da la circunstancia de que los electores decidieran un cambio político en la Asamblea, de otra manera existiría un gobierno saliente ejerciendo en funciones durante más de un mes y otro de distinto color a la espera de poder ejercer, pero con las manos atadas por los plazos, prorrogas, recursos y alegaciones contempladas en el procedimiento judicial. Estas posibilidades que la ley ofrece a los litigantes tienen como objetivo intentar garantizar un proceso justo, cuando se utilizan adecuadamente. Y se convierten en una tomadura de pelo cuando sólo se pretende retrasar por causas desconocidas el veredicto de las urnas mientras llega el de los jueces. En definitiva, una burla sin consecuencias porque quien la promueve luego no asume, ni se le exige que lo haga, ninguna responsabilidad por este retraso provocado a conciencia.
