El sexto dictámen de este organismo denuncia, por otro lado, a otras autonomías como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana al ser las que peor aplican esta Ley. El Observatorio de la Dependencia, en su VI dictamen, denunció este fin de semana el “empecinamiento” de tres Comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla: Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana. Por delante de éstas se encuentran las ciudades de Melilla y Ceuta con una calficación de tres puntos, a la cola del ránking de calidad realizado por el Obsertorio.
Este organismo, que surgió de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y se reunió durante dos días en Santiago de Compostela, evidencia algunos cambios en el ranking de las Comunidades autónomas en la aplicación de la Ley y destaca la actuación de cuatro Comunidades: Castilla-La Mancha (nueve puntos sobre diez), Castilla y León (nueve puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos).
Por el contrario, criticó la posición de las tres anteriores, de las que dijo que ponen a sus ciudadanos “en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica”, con puntuaciones de 0,5 para Canarias y dos para Madrid y Valencia.
En cuanto a las variaciones, el Observatorio destacó el descenso de Andalucía, que, tras venir ocupando los primeros puestos, cae a una “discreta” puntuación del 7,5, o Asturias, que suspende por primera vez, mientras que se felicita por la evolución de Extremadura y Murcia, ambas con cinco puntos, “reconociendo el esfuerzo de mejora que esta valoración evidencia”. En el conjunto, los profesionales que conforman el Observatorio registraron una mejora en la implantación de Ley, al pasar la puntuación media de 4,97 puntos (enero) a 5,44 (junio) y a 5,6, en las conclusiones hechas públicas ayer.
En el cuarto año de aplicación de la Ley, el Observatorio resaltó cuatro aspectos negativos, referidos al limbo de la dependencia, el modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia.
En lo que denomina el limbo de la dependencia, los responsables del Observatorio señalaron que, con los datos oficiales de primero de diciembre de 2010, 234.463 personas se encuentran en esta situación, de reconocimiento de grado y nivel que les da derecho a recibir la prestación, pero que no se les ha aprobado, y agrega que, además, no sólo no se ha reducido, sino que se ha aumentado “ligeramente” desde junio.
Canarias, con un 60 por ciento de personas con derecho reconocido que aún no tiene aprobada la prestación, y Valencia, con un 42 por ciento, son las Comunidades “donde más preocupante es esta situación”.
En cuanto a la financiación, el Observatorio analizó un estudio en el que se pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %) y las Comunidades autónomas (52 %), mientras que el resto (14 %) es de copago.
