La institución muestra “preocupación” por la sobreocupación permanente del centro y la escasa petición de asilo l Apuntan que las instalaciones no son adecuadas para estancias largas ni para menores.
La situación de los extranjeros que residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) vuelve a ser uno de los temas centrales referidos a Melilla que se analizan en el informe anual del Defensor del Pueblo. Si en el texto publicado el año pasado se hablaba de “hacinamiento”, en el que vio la luz ayer la descripción no mejora mucho. La institución muestra su preocupación por la “sobreocupación” del CETI y asegura que esta situación no puede ser calificada de “puntual”. Asimismo, en el informe se indica que las instalaciones no son adecuadas para la acogida durante largos periodos de tiempo y se apunta que los servicios de asistencia social, psicológica y mediación se encuentran “desbordados”.
A pesar de reconocer que desde la Administración se están haciendo esfuerzos para agilizar traslados, desde el Defensor del Pueblo señalan que éstos no son suficientes y cuestionan el criterio que se sigue para decidir quiénes son los elegidos para viajar a la península. De hecho, desde la institución presidida por Soledad Becerril se recomienda a la Secretaría General de Inmigración y Emigración que se revisen estos criterios.
Para el Defensor del Pueblo, el criterio que debe primar a la hora de elegir el perfil del trasladado debe basarse en la situación de especial vulnerabilidad. Así, señalan que por un lado deben priorizarse las unidades familiares con menores a cargo y por otro, las personas con necesidades de protección internacional.
En este punto, se indica que las instalaciones no son adecuadas para albergar a menores y tampoco para ofrecer a los extranjeros solicitantes de asilo un asistencia especializada. Por esta razón, señala que deber darse prioridad a estos colectivos a la hora de ser trasladados a otros centros en régimen de acogida.
Solicitud de asilo
El informe del Defensor del Pueblo analiza los problemas que se producen en la solicitud de asilo. En este punto, indica que las solicitudes de protección internacional se han reducido desde el año 2009 en nuestra ciudad. En aquel momento el 20% de los residentes del CETI había tramitado su petición de asilo, mientras que el año pasado sólo 17 personas lo hicieron. Según la institución de Becerril esta caída se debe a una interpretación de la legislación que apunta que los solicitantes de asilo en Melilla y Ceuta no podrán circular libremente por el resto del territorio español. Desde el Defensor del Pueblo señalan que esta situación es objeto de “gran preocupación” para ellos y para otros organismos como Naciones Unidas o Acnur.
Trata de menores y mujeres
La lucha contra la trata de seres humanos es otro de los puntos que se analizan en este informe. En este sentido, el Defensor del Pueblo valora positivamente las puesta en marcha en el CETI de nuestra ciudad, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social, de un protocolo de actuación con menores en casos en los que existan indicios de inexistencia de vínculos de filiación para realizar pruebas de ADN. Sin embargo, aseguran que aún queda mucho por hacer para proteger de manera efectiva a estos niños. De hecho, gracias a este protocolo la Guardia Civil logró desarticular una trama de trata de menores y rescatar a diez niños víctimas de las mafias en nuestra ciudad.
El Defensor del Pueblo insta en su informe a elaborar un plan específico a nivel nacional para la prevención de víctimas de trata.
En cuanto a las actuaciones que la institución valora como positivas se encuentra la aceptación de la recomendación de hacer un protocolo de derivación sanitaria en los traslados del CETI, para que en los nuevos centros de acogida se conociera la historia clínica del inmigrante.
Falta de actividades y problemas con la tutela de los MENA
El Defensor del Pueblo asegura en su informe anual que el Centro de Menores de La Purísima no reúne las condiciones para ser considerado un residencia de acogida de larga duración y reitera, como ya hizo el año pasado, la necesidad de habilitar recursos específicos para mayores de 16 años. Asimismo, apunta que se ha producido un empeoramiento de las situación de escolarización de los menores y que faltan actividades formativas para los jóvenes que no están en edad de escolarización obligatoria. Por otra parte, señalan que se sigue cesando la tutela por parte de la Ciudad cuando los menores abandonan el centro y que “el tiempo de espera para instar la documentación de los jóvenes” sigue siendo de más de nueve meses. En este punto indican que la Fiscalía General del Estado ha informado a la Fiscalía de Melilla para que comunique a la Ciudad su discrepancia con la interpretación del plazo previsto para obtener la documentación de los jóvenes extranjeros y en relación con la protección de estos menores. Desde el Defensor del Pueblo confían en que Bienestar Social, de quien depende el centro, rectifique su actuación.
Instrucciones para la Guardia Civil sobre devoluciones
El Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio del Interior, en su informe anual, que imparta instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para que se recuerde a los efectivos que prestan servicio en la frontera de Melilla que, cuando se intercepte a un extranjero que pretende entrar irregularmente en nuestro país, la respuesta por parte de los agentes de la Benemérita sea ponerlo a disposición de la Policía Nacional para que se realice el correspondiente expediente previsto en la legislación de extranjería. En el informe, hace referencia también a las devoluciones ‘en caliente y reconoce que cuando las entradas se producen por mar es complicado determinar si los inmigrantes han sido interceptados en aguas jurisdiccionales españolas o no. No obstante, apunta que las autoridades españolas tienen que adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la solicitud de asilo u otro tipo de protección internacional a estos extranjeros. Así, la institución presidida por Soledad Becerril indica que con independencia de que los inmigrantes sean interceptados fuera o dentro de aguas territoriales, tienen que ser garantizados sus derechos. En el informe de indica también que la institución ha iniciado varias actuaciones para analizar las quejas presentadas sobre las supuestas devoluciones irregulares de inmigrantes interceptados por la Guardia Civil en las inmediaciones del perímetro fronterizo.
