El Comité para la Prevención de la Tortura pide investigar el salto a la valla del 15 de octubre l Interior responde que la Guardia Civil recurrió “a la fuerza mínima necesaria” para defenderse de los inmigrantes.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa afirmó en el día de ayer que la “devolución forzada de inmigrantes irregulares no identificados en Melilla es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”.
El informe sobre la visita realizada a España en julio de 2014, recomienda al Gobierno de nuestro país que se instruya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los inmigrantes que accedan a nuestra ciudad “no sean devueltos forzosamente a Marruecos”.
En opinión del CPT, la actuación correcta consistiría en identificar a los inmigrantes que necesitan protección y evaluar su situación. La respuesta del Gobierno español a este organismo es que las personas que entran irregularmente en España “son entregadas por la Guardia Civil al Cuerpo Nacional de Policía, al objeto de que por éste sean realizados los trámites que correspondan, tal como asilo o retorno”.
Hay que resaltar que la delegación de cuatro expertos del CPT recibió varias denuncias, con vídeos incluidos, sobre un uso de la fuerza policial “innecesario y desproporcionado”, con un trato “totalmente inapropiado” una vez franqueada la valla fronteriza.
En este sentido, el informe de este organismo europeo pide que se abra “una investigación pronta y eficaz” sobre los sucesos del 15 de octubre del año pasado, en los que un inmigrante “cuyo cuerpo parecía estar inerte fue esposado y devuelto a Marruecos” por la Guardia Civil, según demuestra un vídeo. Hay que recordar que precisamente hay ocho guardias civiles imputados por su actuación en el intento de entrada que tuvo lugar aquel día.
Salto del 15 de octubre
Ese día, la ONG melillense Prodein grabó en vídeo la intervención de la Guardia Civil, en el que se ve cómo los agentes devolvieron a Marruecos a un inmigrantes al que llevaron en volandas. La asociación denunció que el subsahariano estaba inconscientes, una versión que negó el Ministerio del Interior en reiteradas ocasiones, incluido el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, quien afirmó que el inmigrante estaba fingiendo.
En este sentido, el Ejecutivo español ha replicado al CPT que ese vídeo está “manipulado y editado”. Así, Interior afirma que “en el momento antes del que muestra el vídeo, el inmigrante tenía un garfio de metal que utilizó para atacar a la agentes de la Guardia Civil que estaban tratando de dominarlo. Esa fue la razón por la que los oficiales tuvieron que recurrir a la fuerza mínima necesaria para contrarrestar sus ataques”.
En cuanto a la aparente inconsciencia del inmigrante, el Ministerio afirma que “una vez que estuvo desarmado, utilizó la táctica de resistencia pasiva, que se utiliza comúnmente en estas situaciones: Se negó a colaborar con los oficiales para que pudiera ser llevado al punto en Marruecos donde había dejado el territorio marroquí. Los oficiales no tuvieron más remedio entonces que llevarle hasta la frontera cogiéndole de las extremidades. Después de que la Policía marroquí lo detuviera, se puso de pie y fue llevado a los vehículos que las autoridades marroquíes ya habían preparado. En ese momento él estaba consciente y en perfecto estado de salud”, aseguraron.
Además, el Ministerio sostiene que “este hecho está confirmado por la información facilitada por la Gendarmería Real Marroquí, atendiendo a que este inmigrante no estaba entre los ocho heridos que fueron trasladados al Hospital de Nador”.
Entradas de marroquíes
Por otra parte, los expertos del CPT piden a España que no permita entrar al Ejército marroquí “para aprehender y devolver forzosamente” a inmigrantes que han saltado la valla y que reduzcan la masificación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, en el que viven actualmente unas 1.600 personas, pese a que su capacidad máxima es para 480.
La visita sobre la situación de inmigrantes irregulares se amplió a los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona (Zona Franca), Madrid (Aluche) y al servicio de inmigración del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Según el informe, las conclusiones de la visita de 2014 “muestran que apenas se han realizado progresos en relación a las condiciones materiales de los dos centros de internamiento”, ya visitados en 2011.
Los expertos recuerdan que “ninguna forma de maltrato a extranjeros, incluidas las amenazas y el maltrato psicológico, es aceptable, y será castigada adecuadamente”.
