No acabamos de salir de un escándalo de tintes políticos cuando ya estamos metidos en otro. La detención de Abderrahim Sellam tiene una repercusión política innegable por su condición de cargo público, aunque las acusaciones contra él se refieran a presuntas actuaciones suyas en su actividad privada y profesional y no a su actuación política y pública.
Más allá de la consecuencia inevitable que se deriva de su condición de diputado local de la Asamblea, los tintes que ha tomado el asunto desde que ayer se pronunciara CpM al respecto, catalogando la detención del cepemista de montaje político-mediático, añaden una vuelta de tuerca más conflictiva a un caso que, de entrada, debería tratarse con más prudencia. Sin embargo, la propia dirección de Coalición por Melilla ha optado por politizarlo abiertamente con sus graves acusaciones contra la Presidencia de la Ciudad y los medios de comunicación, a los que tacha de haber urdido una trama con la intención de generar alarma social y abundar en la presunta “persecución” que desde hace meses vienen denunciado los cepemistas.
Sobre lo alegado ayer por los dirigentes de CpM habría mucho que comentar, pues no se entiende que, si como dicen, Sellam ha sido detenido por un asunto que sólo tiene que ver con una venta de terrenos, el diputado, economista y asesor fiscal termine siendo trasladado a Madrid para declarar ante el juez competente en la causa por narcotráfico y blanqueo de dinero que ha permitido desmantelar el laboratorio de cocaína mas grande de Europa.
Lo anterior, desde mi punto de vista, tampoco significa que Sellam sea culpable de nada. La Justicia debe pronunciarse y, entre tanto, la presunción de inocencia sin duda alguna debe asistirle. Pero distinto es, como pretende CpM, que podamos admitir las acusaciones en su contra como otras diferentes a las que le atribuye la Policía o han recogido, entre otros medios, la agencia oficial de noticias Efe o periódicos nacionales tan dispares ideológicamente como ‘El País’ o ‘El Mundo’, por citar algunos de los más destacados o importantes.
Atribuir a la Presidencia de la Ciudad una trama de falsedades de tal calibre y capacidad para plasmarse en tantos medios de indudable importancia en el ámbito nacional, sencillamente no es creíble y sólo contribuye a politizar un asunto que debería quedarse en el ámbito de la Justicia, donde estrictamente debe concretarse y aclararse.
CpM, que casualmente es socio coaligado políticamente de quien gobierna este país y por tanto dirige las fuerzas de seguridad y tiene la máxima ascendencia sobre todos los poderes públicos, incluido el Judicial, se revela a pesar de ello como victima de una persecución que gratuitamente atribuye a Imbroda. Sobra decir que, con tales razonamientos, no es nada fácil imaginar qué podrían andar diciendo si quien gobernara este país fuera el PP y no el Partido Socialista con el que están coaligados políticamente.
Al margen de lo anterior -suficientemente ilustrativo de la triste paranoia en la que anda sumergiéndose nuestra política local-, ayer saltó a la palestra pública la citación de distintos dirigentes del PSOE y algunos colaboradores de CpM por un presunto delito electoral y contra la Administración Pública, a causa de la presunta manipulación del voto por correo en Melilla con ocasión de las elecciones generales de 2008.
Este otro asunto, político rotundamente, es en realidad un conflicto con crónica anunciada desde que se emitieran aquellas cartas falsas que prometían empleo a parados a costa de los Planes de Empleo que gestiona la Delegación del Gobierno.
Una crónica anunciada también por el singular comportamiento que tuvo el mismo voto por correo en esos comicios en Melilla, con un 17% del censo electoral de la ciudad optando por el sufragio postal –lo que sin duda es demasiado para un municipio como el nuestro- y un aumento de casi un 70% del mismo sufragio postal respecto de los comicios de 2007. En concreto, en las anteriores elecciones locales votaron por correo 2.900 electores, mientras que en las generales de 2008, sólo un año después, votan por el mismo método nada menos que 5.111 electores.
Estos son los datos y a esto tenemos que atenernos, con la gravedad añadida de que en el auto judicial que cita a los dirigentes del PSOE se dice que hasta se alteraron los criterios de contratación en los Planes de Empleo para favorecer a los votantes de PSOE y CpM o a las personas que prestaron servicio a esta misma coalición.
Decía ayer la primera autoridad local que la política arde en Melilla, pero visto lo visto más bien cabría decir que la estamos estropeando de manera que corremos el riesgo de no poder enmendarla ni siquiera con sentencias ejemplarizantes.
