Las agresiones a agentes de la Guardia Civil no puede quedar impunes y mucho menos aún pueden tener alguna ‘recompensa’ para el atacante.
Sin embargo, éste es el dilema que surge a raíz de los últimos asaltos al vallado fronterizo, cada vez más violentos. Es cierto que detrás de esta actitud por parte de los inmigrantes está el desesperado objetivo de dejar atrás la miseria y de alcanzar un mundo de oportunidades, pero esa comprensible aventura no es justificación para utilizar cualquier método y mucho menos uno que ponga en riesgo la integridad física de los guardias civiles. Si a los agentes de la Benemérita se les exige un escrupuloso respeto a la ley, en igual medida hay que hacer respetar la legislación a los inmigrantes. Sin embargo, en el caso de algunos subsaharianos que protagonizan violentos asaltos, la legislación tiene un boquete mayor que el que ayer sufrió nuestra valla fronteriza: Los inmigrantes pueden agredir a los guardias civiles con la garantía de que, en el peor de los casos, no sentirán el peso de las leyes españolas. Y, por otro lado, si tienen la ‘suerte’ de ser arrestados, habrán entrado en España a cambio de una condena no demasiado severa por atentar contra un agente de la autoridad.
Este ‘boquete’ en nuestra legislación hace muy vulnerable nuestro vallado fronterizo y obliga a una rápida reacción por parte del Ejecutivo central para proponer leyes que salvaguarden la integridad de los agentes. Si hace unos meses hubo una respuesta inmediata para instalar primero las polémicas concertinas y luego la malla antitrepa, ahora la reacción debería ser aún más rápida ya que está en juego la integridad de los guardias civiles. No se puede exigir ninguna efectividad a estos agentes cuando se encuentran atados de pies y manos por una legislación que les obliga ante los inmigrantes y que a la vez les deja indefensos ante los mismos.
Ayer, de momento, uno de los miembros de la Benemérita que estaba presente en el dispositivo policial para repeler a los inmigrantes, fue empujado cuando se encontraba subido a la valla y cayó desde una altura de cuatro metros. Sufrió un traumatismo craneoencefálico del que fue dado de alta poco después de ser atendido en el Hospital Comarcal. Ayer la fortuna estuvo del lado de este guardia civil, que recibió un golpe que no tuvo consecuencias irreversibles, pero la ley le dio de lado, porque el autor de la agresión quedó inmune. Ni fue identificado, ni detenido, ni conducido ante la autoridad judicial para imponerle el correspondiente castigo, que al mismo tiempo se hubiera convertido en un ‘premio’ ya que habría supuesto su entrada en España.
Si la legislación está para cumplirse en todos los casos, también es cierto que debe adaptarse a las circunstancias (respetando siempre la Constitución) para evitar que las leyes se impongan a la Justicia y acaben por intercambiarse los papeles de víctima y agresor o que el castigo se convierta en recompensa.
