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Aseguran que volverán a concentrarse el 13 de abril en las Torres del V Centenario si el Estado no atiende sus demandas
Los sindicatos CSIF y UGT salieron ayer a la calle para exigir mejoras laborales para los funcionarios de Justicia, no sólo de Melilla, sino de varias autonomías que no tienen aún transferidas las competencias en esta materia. Reclaman un incremento del complemento específico, que hace que los salarios sean inferiores en estas regiones; un aumento de la plantilla; la negociación de las sustituciones, comisiones de servicio y adscripciones provisionales con el 100% de retribuciones del puesto que se ocupe; y un plan de actuación por contingencias especiales en guardias y celebración de juicios, entre otras cuestiones.
El presidente del sector autonómico de Justicia de CSIF de Melilla, Juan Manuel Domenech, explicó que esta protesta que se llevó a cabo en nuestra ciudad también se realizó en otras autonomías afectadas, como Ceuta, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Murcia.
Domenech indicó que hay una diferencia en el complemento salarial a la baja en todas estas regiones de hasta 600 euros para un trabajador que tiene la misma función. De ahí que un incremento en este suplemento sea una de las principales reivindicaciones.
Ley del Poder Judicial
El colectivo también argumentó que desean la derogación de un intento de reforma de la Ley del Poder Judicial que está en marcha y que considera el centro de destino como un municipio. De esta forma, si un funcionario pide el traslado sólo puede escoger la ciudad, pero no la institución en la que desea trabajar. Esto también lleva a plantearse a los sindicatos qué criterios va a adoptar la Administración para enviar al trabajador a un puesto u otro.
Otro aspecto que destacó el mimbro de CSIF es que hasta la fecha se desconoce si se seguirá contando con un Registro Civil gratuito y público gestionado por la Administración de Justicia. Argumentó que hay una prórroga de la actual normativa hasta el 1 de julio, pero no saben qué ocurrirá a partir de esa fecha y si este asunto caerá en manos de otros operadores jurídicos, como notarios o registradores de la propiedad.
En este sentido, aseguró que hay temor de que puedan desaparecer los empleos de los funcionarios del Registro Civil, así como de los Juzgados de Paz que hay en muchos municipios pequeños. Además, indicó que este cambio obligaría a muchos ciudadanos a desplazarse a otras localidades más grandes para hacer trámites que son obligatorios. Insistió en que “lo lógico” es que el Registro Civil siga siendo gratuito, público y que esté en manos de Justicia.
Otras reivindicaciones
Por otro lado, la responsable del sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Sonia Rama, explicó que ya se han recogido 10.000 firmas a favor de las peticiones de este colectivo desde el pasado febrero. Otras reivindicaciones son: la negociación de un plan de igualdad y de un nuevo plan de formación y un incremento en acción social.
Por último, este sindicato argumentó que es preciso realizar una evaluación de resultados de la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y resolver los problemas en las nuevas tecnologías.
