La diputada del partido, Dunial Al Mansouri, considera que el recorte debería ser del 25 por ciento, así como estudiarse su aplicación en la Administración central.
La última sesión plenaria continúa siendo objeto de debate y polémica para el principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CpM), ya que en la jornada de ayer su diputada Dunia Al Mansouri, apuntó ante los medios de comunicación que, tanto en las distintas juntas generales del lunes, como en el Pleno ordinario, se vivieron “situaciones alarmantes”, sobre las que no se permitió indagar ni a cepemistas, ni a socialistas.
Entre los reproches de la diputada, destacó el de la aprobación del recorte salarial a todos los integrantes del equipo de Gobierno local en un diez por ciento, cifra que tachó de “irrisoria” en vista de los “grandes sueldos” que cobran los dirigentes de la Ciudad Autónoma. Al hilo, señaló que tal medida sólo provocará un ahorro de 180.000 euros anuales a las arcas públicas, cuando el gasto en este terreno “sobrepasa los tres millones al año”.
Así pues, matizó que la cifra más acertada para aplicar este recorte sería un 25 por ciento. A preguntas de los periodista, señaló que tal medida también podría aplicarse a los dirigentes de la Delegación del Gobierno “si se demuestra que también tienen unos sueldos desorbitados”.
“No podemos permitir que la clase política tenga salarios que oscilen entre los 3.000 y los 6.000 euros mensuales”, añadió, “se están riendo de los melillenses”.
En lo que a juntas de las empresas públicas se refiere, criticó la “opacidad” mostrada por la Administración melillense. Fue el caso de lo visto en la reunión de Emvismesa, sobre la cual aseguró que se dio “la callada por respuesta” a varias preguntas de su partido, entre las que destacó un montante de 600.000 euros surgidos de la construcción de la urbanización de viviendas de ‘Lo Güeno’, y sobre los que el Gobierno melillense no quiso pronunciarse.
“Aseguraron no acordarse de los detalles de tal obra”, apuntilló Al Mansouri, “como siempre, nos dijeron que la Junta no era el foro adecuado para debatir tales cuestiones y se negaron a contestar”.
Según añadió, escenas similares se vivieron en el resto de juntas de los entes públicos, como en la de Inmusa, donde se inquirió por las razones que han llevado a retirar de la parrilla el programa de debates ‘Pregunta Tres’, sin que tampoco se ofrecieran detalles al respecto,
Más dura se mostró Al Mansouri con lo ocurrido en la de Promesa, pues tildó a su máximo dirigente, José María López Bueno, de “caradura” por afirmar que la empresa había obtenido un superávit de 500.000 euros, ya que consideró que la función del ente público es la de crear puestos de trabajo mediante distintas actuaciones, como cursos de formación, por lo que no entendió cómo no se ha invertido ese medio millón de euros en medidas de este calado.
Por tanto, calificó la actitud demostrada por los dirigentes del Gobierno autonómico de “caciquista”, pues afirmó que no dejaron a los partidos de la oposición “ejercer sus derechos como representantes del pueblo, ya que se limitaron los tiempos de intervención y el número de preguntas, cuando es algo que no está permitido hacer”.
Tampoco gustó en el seno de CpM el desarrollo del Pleno ordinario que se celebró al finalizar las juntas, no sólo por los temas tratados, sino por las posturas adoptadas por el Ejecutivo de Juan José Imbroda.
Así, criticó la práctica totalidad de los puntos aprobados, como el del aval para el plan de dinamización turística ‘Melilla, la España Africana’ o el de promoción en una compañía aérea. En relación al primero, manifestó que “lo grave no es la cantidad de la inversión, unos 500.000 euros, sino los fines a los que se destina; como 12.000 euros en desarrollar un perfume que lleve el nombre de la ciudad, iniciativas inútiles”.
En cuanto al contrato publicitario, reiteró que es un “convenio camuflado” hecho a la medida de la empresa Air Nostrum, y calificó al consejero de Economía, Daniel Conesa, de “sinvergüenza” por comparar la actuación con otras realizadas por diversas autonomías españolas, como Asturias y Extremadura.
Para finalizar, arremetió contra la concesión de un aval de catorce millones de euros a Emvismesa para comenzar las obras del parking de Isla Talleres, pues tildó su aprobación como “un claro intento de la Ciudad Autónoma para convertirse en promotora del proyecto”, ya que éste será desarrollado por un empresa que también construirá viviendas en la zona.
