CEAR exige a España y a Marruecos que respeten los derechos humanos en el control fronterizo y que no se usen fondos de la UE para reforzar la frontera con agentes que agreden a inmigrantes que asaltan la alambrada.
La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticó ayer, como ya han hecho Human Right Watch y otras ONGs, la violencia empleada por agentes de la Guardia Civil y de la Gendarmería marroquí para repeler la entrada de inmigrantes subsaharianos en Melilla, tal y como recoge un vídeo publicado el martes por Prodein (Pro Derechos de la Infancia).
CEAR da crédito a estas imágenes que al delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, le parecen “sesgadas y parciales”. Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el vídeo de Prodein “constata la violencia que se practica contra personas migrantes en nuestras fronteras”.
Por eso, CEAR exige al Gobierno de España “que garantice el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección internacional de las personas que llegan a la frontera” de Melilla.
Esta petición la hace extensible además a Marruecos, a quien alerta de que no sólo los inmigrantes subsaharianos están siendo víctimas de persecución y acoso en territorio marroquí sino también activistas que se dedican a trabajar con estos colectivos.
Obviamente, CEAR se refiere al caso de la voluntaria española Helena Maleno que fue agredida el fin de semana en Marruecos, en un barrio de Tánger donde residen inmigrantes subsaharianos y ante la impasividad de la Policía del país vecino.
Hay que tener en cuenta que Maleno denunció la semana pasada que la oleada de pateras que llegó a las costas españolas fue provocada intencionadamente por Marruecos, que dio vía libre a la salida de pateras desde sus costas durante dos días.
Indispensable y urgente
Para CEAR es “indispensable y urgente que tanto el Gobierno español como el marroquí incorporen un enfoque de derechos humanos en la aplicación de sus políticas de control fronterizo y se abstengan del uso de medidas que ponen en peligro vidas humanas”, señalan en un comunicado.
Lo que más preocupa a la ONG es la situación de desprotección de los refugiados que carecen de un punto habilitado en las fronteras de Melilla y Ceuta para pedir asilo y que para conseguir la protección tienen que saltar la valla y superar las cuchillas.
“El uso de las concertinas y de métodos violentos en nuestras fronteras, así como la falta de vías de acceso seguras para solicitar protección internacional, colocan a estas personas en una situación de indefensión y desprotección y suponen una clara falta de respeto a los derechos humanos fundamentales”, aclara Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
Asimismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reclama que no se usen fondos europeos para reforzar la valla de Melilla con efectivos de la Guardia Civil que, por lo que muestra el vídeo de Prodein, han cometido excesos durante los saltos a la valla de la semana pasada.
“Brutalidad” y ‘expulsiones en caliente’
La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) instó ayer al Gobierno de España y al de Marruecos, a través de un comunicado de prensa, a que “pongan fin a las devoluciones ilegales que se producen en la frontera en el marco de las operaciones
conjuntas llevadas a cabo por ambos países”.
Además, CEAR aclara que el proceso de externalización de fronteras de la UE fomenta que los países fronterizos, como Marruecos, sean gendarmes de
nuestras políticas de control fronterizo. Por ello, “España debe abstenerse de firmar acuerdos de cooperación con países en los que no se respetan los derechos humanos”, señala Estrella Galán. secretaria general de CEAR.
La ONG recuerda además que contra la brutalidad en las fronteras sigue recabando apoyos con estohayquepararlo.org, una campaña que ya ha reunido más de 11.000 firmas a favor.
La iniciativa pide al Gobierno de Mariano Rajoy “que respete los derechos humanos, retire las concertinas y ponga fin a las ilegalidades que se cometen en la fronteras de Melilla y Cueta, como las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes.
Desde la CEAR reclaman, además, que “los fondos de cooperación, así como los fondos europeos destinados a la acogida e integración no se destinen a poner en marcha este tipo de medidas que atentan contra la integridad de las personas y que se garantice el respeto a los derechos humanos y el acceso a una adecuada protección internacional”, añade Galán.
