La Ciudad Autónoma sigue sin poner remedio a la crisis del transporte público en Melilla. La Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) dio el primer paso suspendiendo el servicio domingos y festivos y el pasado 13 de febrero lo extendió a los sábados.
Hemos leído, no sin sorpresa, el reproche de la Consejería de Medio Ambiente defendiendo que la COA cobró de la Administración 800.000 euros en 2020 por lo que no entiende que le reclamen ahora lo que ésta les debe y apela a que “toca asumir esta situación porque no hay más remedio”.
Esa frase, salida de la boca de un político, es poco menos que reprochar a los chóferes de la cooperativa que gestiona el transporte público en Melilla que tengan la fea costumbre de comer todos los días y de dar de comer a sus familias.
En opinión de la Consejería, en estos momentos durísimos toca guardar los reclamos y el derecho al pataleo en nombre de no se sabe bien qué. Pues mire, usted, no sólo no es posible sino que, además, es inadmisible.
La Ciudad Autónoma tiene compromisos firmados con la COA y debe cumplirlos. Luego, si quiere, puede romper ese contrato y buscar un nuevo candidato para que gestione el servicio público de transporte, pero a mitad del partido, cuando se va perdiendo, no es honesto cambiar las reglas del juego.
El cierre de la frontera ha hecho saltar por los aires las dos líneas más rentables de la COA y lejos de escuchar de la Ciudad una propuesta de ayudas públicas para soportar un año entero de pérdidas, la Consejería se da el lujo de afear a la cooperativa de trabajadores que dependen de su trabajo que reclamen lo que les debe la Administración.
Y ahora nos salen con que van a pedir una auditoría externa, etc., etc. ¿Y saben por qué el Gobierno se permite estas licencias? Porque todavía no ha salido nadie a la calle a protestar por la suspensión del servicio de la COA que afecta a las personas con menos ingresos de esta ciudad.
Los problemas de la COA se remontan al Gobierno de Imbroda y los políticos que hoy están en la Asamblea debieron intuir, antes de presentarse a las elecciones, que conseguir un puestazo en el Ejecutivo va a acompañado de aquello que María Dolores de Cospedal machacó durante años cuando Rajoy ganó las elecciones a Zapatero: la herencia recibida.
Aquí todo el mundo esperaba encontrar un enjambre de contratos fraudulentos que, todo hay que decirlo, no han aparecido hasta hoy. Eso significa que Imbroda sufrió una campaña injusta de descrédito y que los que lo difamaban en ruedas de prensa a día de hoy no han sido capaces de encontrar las pruebas a sus acusaciones. Si las hay, sáquenlas, y si no las hay, discúlpense. No con Imbroda, que es político y tiene que tener espaldas para aguantar lo que venga de sus adversarios. Discúlpense con la ciudadanía a la que han timado para conseguir un puesto en el Gobierno.
Somos conscientes de que la economía de Melilla, y en general la de nuestro país, no atraviesa el mejor momento, pero los políticos tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía.
Las empresas de transporte están sufriendo en primera línea los efectos colaterales del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Se han recortado frecuencias en todas partes, pero aquí en Melilla la COA no ha conseguido establecer un diálogo fluido con el Gobierno, porque resulta que las reuniones se posponen y no hay compromiso para sentarse a hablar.
Es poco serio y, además, dañino para la ciudad. Porque, vuelvo y repito, a los recortes en el transporte marítimo tenemos que sumar ahora los recortes de la COA. Estamos perdiendo derechos por mar y tierra. Y todos sabemos lo difícil que es recuperarlos.
CpM lo estaba haciendo medianamente bien. Filas prietas y pocos escándalos, pero llevan una racha para hacérselo mirar. Desde que Aberchán fue sorprendido en su aventura frustrada en helicóptero, no habíamos tenido noticias de un partido que con su perfil bajo empezó a ser atractivo para los votantes socialistas hasta el punto de ganar dos escaños que perdieron los de Gloria Rojas en una encuesta hecha en diciembre pasado.
Pero les salpicó la protesta de los hosteleros por el cierre de los bares, la dimisión de Vizcaíno por aquella autoadjudicación de subvención y cuando creíamos que la boda sin mascarillas le había puesto el cascabel al gato, nos enteramos de que la Consejería de Medio Ambiente, con sello cepemista, sólo tiene una solución al conflicto de la COA: sugerir a los cooperativistas que se aguanten.
Es verdad que estamos a mitad de legislatura y que ya tocaba dar el cante, pero CpM debería tener claro que ningún gobierno de coalición y menos uno con tantas zancadillas y luchas de poder como el nuestro llega a los cuatro años de legislatura. Normalmente se anticipan las elecciones para que los votantes entiendan que las siglas de uno y otro miembro del Gobierno tienen caminos y objetivos separados.
Creo que las elecciones de Cataluña nos han dado una pista de por dónde van los tiros: Vox está ganando enteros con un discurso que en Melilla es tibio, pero que podría encenderse en cualquier momento. CpM debe decidir si quiere apagar un fuego con gasolina.
