La formación naranja cree que el viceconsejero debe poner su cargo a disposición del partido.
Ciudadanos Melilla insta al PP a pronunciarse sobre la condena al viceconsejero de Control y Gestión de Servicios, Francisco Villena, que supuestamente incumple el código ético del partido y también uno de los puntos del Pacto de Gobernabilidad firmado con el grupo mixto el pasado año.
La decisión, que fue tomada por la Audiencia Provincial en junio de 2015 y reclamada para su ejecución en marzo de 2016, es improrrogable y C’s cree que el PP tendrá que aplicar sus propias normas y cesar a Villena de su cargo.
Lo ocurrido, según Ciudadanos, atenta contra el artículo 1 en su apartado a) del Código ético del Partido Popular, que reza: “Todos los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el Partido Popular han de observar el máximo rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”.
El partido de Eduardo de Castro entiende que tanto PP como PPL deberán aplicar el acuerdo para que el viceconsejero de Control y Gestión de Servicios ponga su cargo a disposición del partido y salga del gobierno local.
La Carta de Compromiso del grupo Popular recoge obligaciones al respecto. En su artículo 5 (apartado 2) destaca “el compromiso de actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez” de sus militantes, y en su artículo 8, “el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”.
Aunque el Pacto de Gobernabilidad firmado por el PP no refleja la figura del condenado, según Ciudadanos, su posición es más grave aún que la del procesado, de la cual, en su artículo 4.3. dice lo siguiente: “El auto de procesamiento, aunque sea recurrido, de los cargos públicos en cualquier proceso penal sancionador, derivada de hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones publicar o por conductas de singular relevancia pública, determinarán su cese. En caso de declararse la no existencia de responsabilidad, el cargo público será objeto de rehabilitación pública”.
