La orden de búsqueda y captura, que decretan los jueces, de personas con la prohibición de entrar en Espana es ilógica, pero tiene su sentido.
En apariencia una orden judicial de búsqueda y captura sobre un presunto delincuente que tiene prohibida su entrada y estancia en España sería ‘misión imposible’ para las autoridades policiales si sobre esa persona pesa a su vez la prohibición de entrar en territorio español. Sin embargo, esta ‘especial’ circunstancia se da a menudo en los juzgados de Melilla. El juez decreta la orden de búsqueda y captura de acusados, generalmente de nacionalidad marroquí, cuando no se presentan al juicio, pero coincide que sobre éstos pesa también otra orden que les prohíbe la entrada en territorio español. Fuentes policiales afirmaron a El Faro que ambas órdenes no son incompatibles, aunque en aparentemente parezca lo contrario.
Las singularidades de la frontera de Melilla hacen posible que estos ciudadanos, buscados por una causa penal, crucen una frontera como la nuestra, en la que el control documental estricto, es decir, comprobando la numeración de los pasaportes y documentos acreditativos, es “aleatorio”.
Es generalizada la queja de los sindicatos policiales por la falta de medios apropiados para los agentes en la frontera. No solamente en lo que se refiere al número de efectivos o unas instalaciones que les protejan de las inclemencias del tiempo. Un sistema automatizado de control de pasaportes y otros documentos de identidad sería más efectivo a la hora de detectar a las personas que están en busca y captura o devolver al país vecino a los que tengan prohibido entrar en territorio español.
Sin embargo, el control documental estricto en la frontera con los medios actuales provocaría el colapso de los pasos fronterizos, en especial, Beni Enzar y Farhana, que son los más transitados. Por ello, los agentes únicamente contrastan en su base de datos los documentos o pasaportes de los que sospechen que están manipulados o bien cuando reconocen a la persona que los porta como un delincuente habitual.
Estas mismas fuentes afirman que se dan casos en los que personas buscadas por la justicia y que no pueden pisar España “se cuelen” en Melilla, pero estos casos representan un porcentaje “muy pequeño”. Los filtros de control son cada vez mayores y los agentes están más especializados.
Los policías en la frontera están especialmente preparados para detectar irregularidades o manipulaciones en pasaportes y otros documentos de identidad. Es frecuente que argelinos y los propios marroquíes intenten entrar en Melilla con un pasaporte manipulado en el que han cambiado un número de la identificación, el nombre o la fotografía. Estas fuentes policiales afirman que en Marruecos por un poco de dinero es fácil conseguir una documentación falsa.
Los delincuentes habituales son generalmente reconocidos por los propios policías, pero ello no supone un impedimento a los primeros para intentar su propósito de entrar en la ciudad, pues “aprovechan la ocasión si en la frontera ven a un agente que ellos no conocen”.
Burdo control documental
Estos medios con los que cuentan las autoridades fronterizas españolas podrían mejorarse notablemente, según las mismas fuentes. La gran afluencia y tránsito de personas por la frontera melillense, las sospechas que pueda suscitar un pasaporte falsificado o el reconocimiento facial que pueda hacer un policía de un delincuente habitual ponen de manifiesto que el control documental en la frontera de Melilla es “burdo”.
Un escáner que permita la verificación de forma rápida si la persona que intenta entrar en Melilla es un delincuente buscado o no puede entrar en territorio español haría la labor policial “más efectiva”.
El proceder en ambos casos es la detención
Los policías en la frontera tienen muy claro cómo proceder en ambos casos: La detención. Si la persona que quiere entrar en Melilla está en busca y captura se comunica al juzgado que lo reclama o al Juzgado de Guardia de Melilla o cualquier punto del territorio español. El juez decide qué hacer. Lógicamente si tiene causas penales pendientes, ordenará la detención y el traslado del preso a dependencias judiciales, incluso si esta misma persona tiene prohibido entrar en territorio español. En el caso en el que sólo conste la orden de no poder entrar en España, fuentes policiales explican que generalmente los pasaportes o documentos de identificación están manipulados, por lo que la detención se hace efectiva igualmente por un delito de falsedad documental.
