La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió en la jornada de ayer la dimisión del delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y del coronel de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, después de que ambos hayan sido llamados a declarar por el Juzgado número 5 de la ciudad sobre la expulsión de los inmigrantes que entraron usando ‘vehículos kamikazes’ y fueron posteriormente expulsados a Marruecos en febrero del año pasado, tal y como publicó El Faro en su edición de ayer.
Fuentes de la AUGC señalaron en la jornada de ayer que esta situación se ha producido por la ausencia del protocolo de actuación para intervenciones en la frontera, el cual llevan demandando desde el pasado ejercicio. “Se lo planteamos al coronel en su día y se negó, exactamente lo mismo que hizo El Barkani pocos días después”, apuntillaron desde la asociación.
Asimismo, recalcaron que la querella criminal presentada contra El Barkani y Martín Villaseñor ha provocado “un auténtico conflicto” entre las filas del Instituto Armado en Melilla, pues aseguraron que también serán llamados a declarar ante el juez los efectivos de la Benemérita que participaron en la deportación de los subsaharianos. “Los agentes se encuentran en un fuego cruzado. Hagan lo que hagan pueden ser sancionados. Si a un agente se le ordena que expulse a un inmigrante a Marruecos, puede estar incurriendo en una posible irregularidad. No obstante, si se niega a ello, puede ser castigado por desobedecer a un superior. En cualquier caso, los guardias civiles salen perdiendo”, señalaron desde la AUGC.
Expulsión de inmigrantes
Hay que recordar que los hechos denunciados en una querella presentada por CpM y la ONG Prodein, se remontan a febrero del año pasado, cuando un total de 21 inmigrantes de origen subsahariano lograron acceder a la ciudad autónoma empleando lo que desde Delegación calificaron como ‘coches kamikazes’, vehículos con los que lograron saltarse a toda velocidad los controles fronterizos para entrar en Melilla de forma irregular. El primer caso tuvo lugar el 7 de febrero de 2013, cuando un total de nueve personas lograron colarse a través de Beni Enzar usando esta táctica. Cuatro días después, la escena se repetía en Farhana, en esta ocasión con doce subsaharianos.
En el caso de los doce que entraron a través de Farhana, en el texto presentado ante el juzgado se resalta que se les expulsó de Melilla en base a la aplicación del acuerdo hispano marroquí rubricado en 1992, aunque “fueron conducidos sin tan siquiera ser identificados, ni conocer nada de sus circunstancias, a Marruecos. De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Un año sin protocolo
Desde la AUGC recordaron que desde el año pasado llevan reclamando la creación de un protocolo de actuación para este tipo de casos. La petición se realizó por primera vez al no tener claro desde la asociación si las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes al país vecino eran legales. Por ello, la asociación reclama ahora a El Barkani y Villaseñor que dimitan . “Los agentes se limitan a cumplir órdenes. Es muy probable que los que actuaron en la expulsión de los 21 subsaharianos sean llamados por el juez, aunque desconocemos si irán como testigos o imputados por algún posible delito”, recalcaron.
Hay que recordar que en la querella presentada se acusa al delegado del Gobierno y al coronel de la Guardia Civil de supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos de las personas. Ambos acudirán a declarar el próximo día 25 al Juzgado número 5 de Melilla, en concreto a las 12:00 horas.
