Podía pasar y pasó. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en su sede de Melilla no ha dado el visto bueno a la propuesta de la Ciudad Autónoma de limitar el número de personas que pueden reunirse en espacios públicos y cerrados de Melilla, pero sí a quienes lo hacen en el interior de centros de culto.
Si bien la decisión judicial no se refiere a ninguna cultura en particular, aquí todos sabemos que los únicos que llenan hasta la bandera son los musulmanes. Nuestras iglesias católicas no atraviesan una crisis como la de Cataluña, donde cerrarán 160 de las 208 parroquias de la Diócesis de Barcelona, pero todos sabemos que sólo tienen jaleo en bodas, bautizos y comuniones.
Desde la Ciudad Autónoma han asegurado a El Faro que acatarán la decisión judicial y no interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Aún así, y siendo legítima la decisión del TSJ de Melilla, nos deja un par de dudas razonables. ¿Quiere decir que el derecho a la libertad de reunión prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa? ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de Valencia avala la decisión de la Generalitat de limitar a 10 el número máximo de personas que pueden encontrarse en reuniones sociales y permite un 75% de aforo en los centros de culto y aquí no es viable?
Y no sólo eso. Los jueces de Valencia respaldan el toque de queda de doce de la noche a seis de la mañana en esa autonomía hasta el lunes 24 de este mes de mayo. El argumento que han utilizado para justificar su fallo es que se trata de una suspensión temporal de derechos fundamentales, que se recuperarán previsiblemente en cuestión de días, según evolucione la pandemia.
Para los ciudadanos es muy difícil entender por qué la decisión judicial de Valencia no es aplicable a Melilla o a Canarias o al País Vasco.
Desde mucho antes del fin del estado de alarma, las autonomías avisaron de que esto podía pasar. Pero al socialista Pedro Sánchez no le interesa poner a prueba a los suyos ni a los contrarios, votando nuevamente con Otegi y con ERC.
¿Por qué ahora no? Lo explicaba este fin de semana un pata negra del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando soltó en La Razón la advertencia como quien no quiere la cosa. En esencia hizo público su temor a que con la jubilación anticipada de Pablo Iglesias el rechazo y la animadversión que éste genera entre el electorado recale ahora en el Partido Socialista.
Todos sabemos lo mucho que le cuesta a la izquierda llegar al poder. No es que esté gafada, es que cada vez que gobiernan nos cae una crisis. Con Zapatero nos vino el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con Sánchez, la Covid. Es una coincidencia, incluso es casual, pero algo tiene el agua cuando la bendicen.
Resumiendo, la decisión judicial de Melilla permitirá que un grupo de amigos se reúna a beber en una terraza de la ciudad, pero no que puedan rezar juntos al alba en una mezquita. Es, sinceramente, difícil de entender, por mucho que sepamos que los interiores cerrados son caldo de cultivo del coronavirus.
Estamos en el punto que estamos porque Sánchez tiene muchos frentes abiertos y ahora toca bajar perfil y desaparecer un rato. Sobre todo porque ya Marruecos se ha quitado la careta y ayer dejó entrar en Ceuta a más de un millar de personas. Se han agarrado a la crisis de Brahim Ghali para dar salida a toda la inconformidad de su gente. Nos dan una ‘lección’ y de paso se libran de un posible estallido social.
En respuesta, deberíamos plantear medidas excepcionales. Por ejemplo, podemos obligar a los camiones marroquíes cargados de tomate a circular única y exclusivamente por nuestras autopistas, donde les cobraremos un impuesto generoso que nos ayude a pagar el mantenimiento de esa red de carreteras. Nos libramos así de tocarle el bolsillo a los españoles.
No vamos a hacer como los franceses que en cuanto algún otro estado les revienta los precios prenden fuego a los camiones extranjeros que atraviesan sus autovías. Nosotros vamos a presumir de civilizados y vamos a recaudar y a hacer caja con los vehículos procedentes de Marruecos, de manera que sus tomates no les salgan tan rentables y los nuestros puedan competir en igualdad de condiciones con ellos.
A estas alturas doy por hecho que la Delegación del Gobierno ya ha convocado de urgencia a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reforzar la vigilancia fronteriza. Tenemos que estar preparados para recibir de un momento a otro una avalancha por varios puntos de la valla, como hacían en tiempos de El Barkani.
Ya no es que nos asfixien económicamente. Es que, además, quieren que les mantengamos a su gente. Quieren que les sirvamos de válvula de escape para aliviar un más que probable estallido social al estilo del que hubo en Alhucemas.
Señores, la cosa se complica. Vamos a tener un verano movidito.
