El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Melilla, Jorge Vera, ha atribuido el aumento del paro interanual en 827 personas al hecho de que no se hayan puesto en marcha los planes de empleo de la Delegación del Gobierno -1.033 puestos- ni de la Ciudad Autónoma –algo más de 500-, lo que supone más de 1.500 trabajadores. “Si se hubieran desarrollado de manera normal, el paro estaría por debajo”, ha aclarado.
Vera ha informado de que la Delegación del Gobierno está trabajando “en todas las vías posibles” para sacar adelante los planes de empleo a pesar de la sentencia del Juzgado de Lo Social por irregularidades en las diferencias salariales en los pagos a los trabajadores que vulneraban el principio de igualdad.
Tal como dijo en su momento la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, Vera ha repetido que no desisten en intentar solucionar este problema y que la Delegación del Gobierno “quiere sacar adelante estos planes sea como sea a pesar de la sentencia” junto con Intervención, la Abogacía del Estado y los Ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que son las partes implicadas.
Así, el director provincial del SEPE ha reiterado que “el objetivo es reanudar los planes de empleo, que se hagan con todas las garantías por parte de la Administración y salvaguardando los derechos de las personas que participen en ellos”. De hecho, Vera ha informado de que la Delegación del Gobierno está preparando una reunión “muy pronto” con la Ciudad Autónoma “para buscar una respuesta coordinada, poniendo por delante los derechos de los trabajadores”.
En este sentido, y siempre respetando la sentencia judicial, que dice que no se puede seguir contratando con las mismas normas que hasta ahora, Vera ha remarcado que la “urgencia” y la “prioridad” es reactivarlos y, si es coordinadamente con la Ciudad Autónoma, “mucho mejor”.
Preguntado sobre qué sucedería si pasara el tiempo de ejecución de los planes de empleo, Vera ha informado de que, en el peor de los escenarios, “si se viera que no hay solución posible, ese dinero iría al Tesoro Público”. Sin embargo, ha matizado que no tiene por qué ocurrir eso, dado que los planes de empleo deben estar finalizados el 31 de diciembre de este año, pero pueden ir desde 15 días a 12 meses. Por lo tanto, ha explicado que, si no da tiempo a que sean seis, lo cual es posible en las circunstancias actuales, serán, "si se pueden reactivar, cinco, cuatro o los que queden” hasta el último día del año.
En cualquier caso, Vera ha puntualizado que “hay un montón de barreras que salvar, no sólo la diferencia salarial” y que, si se solventan todos los problemas, los planes de empleo durarán el tiempo que sea posible teniendo en cuenta que deben terminar el último día del año.
Por último, el director provincial del SEPE ha aclarado que, en caso de que finalmente se aprueben los planes de empleo, las listas provisionales que fueron publicadas en marzo no serían válidas, ya que la situación de los demandantes puede haber cambiado. “El sondeo u la lista tienen que ser en tiempo real y la lista puede tener validez de un mes”, pero no más”, ha concluido.
