Un funcionario de la Policía Nacional y un guardia civil, además de un gestor administrativo colegiado, están entre los siete detenidos el pasado miércoles en Melilla, acusados de los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Fuentes oficiales de la Jefatura Superior han confirmado, además, que todos ellos han pasado este viernes a disposición judicial.
La noticia surgió a raíz de una información de El Faro según la cual, varias personas habían sido arrestadas por "arreglar" papeles a marroquíes con el fin de que pudieran obtener la residencia legal en España a cambio de una cantidad de dinero. Nuestros apuntaban a que esas personas pagaban hasta 12.000 euros para conseguir documentación que les permitiera estar legalmente en Melilla.
Aunque en un principio fuentes oficiales de la Jefatura Superior únicamente señalaron que "ni confirmaban ni desmentían" la noticia, un par de horas después sí se dieron detalles relacionados con esas detenciones, entre las que figuraría la de un extrabajador de la Delegación del Gobierno y, al parecer, persona muy cercana a CpM.
El caso es que la Policía Nacional indicó que los arrestos fueron practicados el pasado miércoles por personal adscrito a la UCRIF (Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales). La operación policial, además, requirió de dos entradas y registros en otros tantos domicilios particulares y supuso la incautación de 30.000 euros en efectivo.
La organización ahora investigada se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal de personas de origen marroquí mediante la firma de falsos contratos de trabajo como empleados de hogar internos. La banda en cuestión está acusada de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, entre otros.
La Policía Nacional señaló que las diligencias incoadas en el juzgado no están bajo secreto de sumario y que la investigación sigue abierta en nuestra ciudad.
Qué vergüenza!Propio de país tercermundista.Y se autodenominaran "cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado."