-
El sindicato critica la privatización de algunos servicios penitenciarios que “deberían ser públicos”
La falta de funcionarios en prisiones, el bajo salario que perciben a pesar de desempeñar una labor en un “entorno agresivo y peligroso” y el incremento de servicios externalizados cuyas competencias “deberían ser públicas” son las principales críticas que transmitió ayer el responsable federal de UGT Prisiones, Antonio González, junto al secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Achor Ismael.
González aseguró que la falta de personal y recursos humanos no sólo afecta a la prisión de Melilla, sino que se extiende a los 83 centros penitenciarios del Estado, por lo que reclamó “una oferta de empleo público extra para cubrir las vacantes” provocadas por jubilaciones, bajas y excedencias. Sin embargo, este sindicalista lamentó que las oposiciones para tal fin estén “congeladas”, por lo que no se han podido cubrir ni siquiera las plazas de reposición.
Casi 300 presos en Melilla
La escasez de personal en la prisión de Melilla genera estrés a los cerca de 80 funcionarios del turno de vigilancia y a las ocho funcionarias que trabajan en un entorno agresivo en el que están en continuo contacto con personas conflictivas. De hecho, la presión a la que están sometidos hace que la edad de jubilación de estos trabajadores sea a los 60 años, según González, por lo que rápidamente quedan muchas vacantes, que no han sido cubiertas, a la vez que tampoco hay un rejuvenecimiento de la plantilla.
El centro penitenciario local cuenta con 295 presos en total, de los cuales 281 son hombres y 14, mujeres. Ante estas cifras, el sindicalista también dejó clara la necesidad de introducir más mujeres funcionarias para poder atender a las presas, ya que sólo las trabajadoras mujeres pueden cachear o establecer otro tipo de contacto o actividad con estas internas y “el trabajo las desborda” en la situación actual.
De acuerdo con las últimas estadísticas facilitadas por la subdirectora general de RRHH de la prisión y correspondientes al pasado 13 de octubre, de estos 295 presos; 224 son penados (211 hombres y 13 mujeres) y 71 son presos preventivos (70 hombres y una mujer).
Por otro lado, la cárcel de Melilla cuenta con 138 celdas, lo que significa que hay una media de dos presos por cada una de ellas. Con el objetivo de mejorar la atención y las condiciones de los internos, UGT pidió la ampliación del centro para que la ratio fuera de un preso por celda. Sin embargo, González, consciente de la dificultad de conseguir un nuevo módulo, planteó la posibilidad de trasladar algunos reos a otros centros penitenciarios de la península. Por otro lado, solicitó la creación de un Centro de Integración Social (CIS) para fomentar la reinserción de los presos.
Subida de salarios
Además de incrementar el número de funcionarios y de reducir el de presos, el sindicato propuso también subir las retribuciones salariales. De acuerdo con los datos ofrecidos por el responsable federal de UGT Prisiones, los trabajadores de este sector han perdido un 20% de poder adquisitivo en la última legislatura, además de otro “5% durante el periodo de Gobierno de Zapatero”.
Servicios externalizados
Otra de las quejas que presentó UGT fue la correspondiente al “continuo proceso de privatización de lo que deben ser servicios públicos”. Así, todos los servicios de limpieza y mantenimiento del centro penitenciario han sido privatizados, según González, además de la seguridad de la cárcel, “actividad que es o debería ser competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Por ello, el sindicalista pidió “una vez más”, la dimisión del secretario general de Instituciones Penintenciarias, Ángel Yuste, al considerarlo no apto para llevar a cabo su trabajo correctamente.
