La Unión Federal de Policía (UFP) de Melilla está harta de la acumulación de “gases tóxicos” en el paso fronterizo de Beni Enzar, hasta el punto de que el sindicato está dispuesto a llevar ante la Justicia al máximo responsable del proyecto de mejora de esta infraestructura y a su asesor, según afirmó ayer a El Faro el secretario general de la UFP, Antonio García Guillén. “Vamos a pisar fuerte, porque está en juego la salud de los agentes”, subrayó.
De todos es conocido que a diario pasan por Beni Enzar miles de vehículos, muchos de ellos en malas condiciones técnicas. El resultado de tamaño tránsito de coches es la continua emisión de monóxido de carbono procedente de los tubos de escape, el cual se acumula bajo la cubierta de chapa que hay en el control de seguridad del lado español.
La situación no es nueva, pero ha empeorado desde que finalizó el proyecto de mejora, según el secretario general de la UFP, ya que la cubierta se ha visto reforzada con nuevas placas y ahora es imposible que los gases puedan disiparse. “A lo largo del día se va formando una nube tóxica. Yo mismo he visto cómo sale humo de los tubos de escape y asciende hasta la cubierta de metal para quedarse ahí. Es de pena”, apuntilló.
Así pues, la formación sindical tiene intención de presentar una demanda contra los responsables del proyecto de mejora si no se toman cartas en el asunto y se hacen reformas en la cubierta. En este sentido, García Guillén apuntó que desde la UFP han investigado sobre el tema y en poco tiempo han podido ponerse en contacto con una empresa que suministra extractores de humo similares a los que se instalan en los túneles para evitar la acumulación de gases.
“Creemos que la solución es bastante sencilla y nada cara, pero el caso es que nadie hace absolutamente nada para mejorar la situación. Por eso tomaremos medidas drásticas si esto continúa así”, abundó García Guillén.
De igual forma, el máximo dirigente de la UFP en Melilla apuntó que las mejoras introducidas en el paso fronterizo de Beni Enzar “no han servido de nada”, pues suponen “un mero parche” que no ha sido útil para mejorar el tránsito de personas y vehículos. Hay que recordar que la realización de la obra conllevó un desembolso aproximado de 1,1 millones de euros.
No es la primera vez que desde el sindicato reprochan la “escasa operatividad” de las mejoras introducidas en este paso fronterizo. En opinión de la UFP, el único efecto beneficioso se registra cuando abren todos los carriles de acceso del lado español y se destina a ellos a un número de agentes suficiente como para que funcionen con fluidez.
Un problema que no es nuevo
El problema de la acumulación de gases es el último escollo con el que se ha topado el sindicato en Beni Enzar. La situación es aún más sangrante si se tiene en cuenta que este problema no es nuevo, pero ha empeorado ostensiblemente desde que se reforzó la cubierta de chapa del control español.
En febrero de este año, UFP remitió un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad reclamándole la adopción de medidas preventivas para rebajar los altos índices de “contaminación ambiental y acústica” a los que se someten a diario los policías de los puestos fronterizos de la ciudad. En caso de no atender a esta petición, el sindicato advertía de que pediría un “plus de toxicidad” para los agentes. Nueve meses después de plantear esta reclamación, la situación, lejos de solucionarse, va a peor y a la UFP se le agota la paciencia.
La petición del sindicato no es gratuita ni ha sido creada de la nada. Está basada en las recomendaciones de un informe sobre las condiciones laborales de los policías del puesto de Beni Enzar, emitido el pasado 17 de julio de 2011 por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía.
Según el sindicato, el informe acredita que las condiciones de trabajo de los agentes de Beni Enzar “sobrepasan los límites máximos permitidos o recomendados de gases que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), producen cáncer de pulmón o vejiga. También sobrepasan los niveles de ruido y temperatura y por falta de instalaciones adecuadas, como cabinas de control o barreras, están expuestos a atropellos y además no existe vigilancia de la salud, que es obligatoria, entre otras deficiencias”. El informe afirma además que no es posible utilizar “permanentemente” equipos de protección individual (mascarillas) por lo que recomienda medidas técnicas y organizativas para mejorar la seguridad de los funcionarios.
Ante esta panorama, y la acuciante necesidad de que se tomen medidas al respecto, la UFP advierte: O llegan soluciones o el caso acabará ante la Justicia.
